Los hospitales móviles no tienen las condiciones para atender a los infectados por el nuevo virus.
La adquisición de estas unidades ha sido una estafa mayor, han reafirmado directivos del Colegio Médico, organizaciones anticorrupción y grupos de la empresa privada.
La unidad modular de Tegucigalpa no será utilizada exclusivamente para pacientes infectados por el nuevo virus sino para evacuar la mora quirúrgica del Hospital Escuela.
La estructura que se encuentra en San Pedro Sula funciona a una capacidad mínima, y los que fueron instalados en La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Danlí, Juticalpa y Choluteca, están abandonados en la práctica.
Es el más vergonzoso capítulo de estafa y corrupción escrito en la pandemia covid. Su adquisición fraudulenta le costó a los hondureños 1,200 millones de lempiras, lo que se traduce en siete millones de lempiras diarios desde octubre de 2020, cuando llegaron los primeros dos módulos, hasta la fecha.
Ninguno de tales centros tienen capacidad para el manejo de pacientes covid. Cálculos realizados por entendidos en el tema apuntan que con los recursos gastados en las carpas se hubiesen podido construir hasta 20 hospitales.
Queda demostrado que No eran hospitales para enfermedades infecciosas y más bien son trampas mortales para el personal y los pacientes, han sostenido los médicos que están en la línea frontal de la lucha contra la peste.
“Estos hospitales son usados en catástrofes, en guerras, terremotos, pero No llenan las características ante la pandemia”, han señalado investigadores y científicos hondureños.
Un análisis externo concluye que este caso hondureño comprende cuatro momentos clave. El primero está marcado por las redes de la corrupción y del clientelismo, porque demostró la solidez de los deshonestos y aprovechados; además, beneficiados por las decisiones orquestadas desde los altos mandos y ejecutadas por mandos intermedios y periféricos.
El segundo sello es puesto a través de los pactos de impunidad y la respuesta del sistema de justicia. Los acuerdos de las élites siempre han contado con la complicidad y la inmovilidad de los operadores de justicia.
Ésta no ha sido la excepción como se demuestra que el caso de los hospitales móviles sigue en la impunidad y ninguno de los culpables, ni materiales ni intelectuales están en la prisión.
Una tercera etapa ha sido la tensión en el seno de la élite política y económica, concluye el análisis sobre la adquisición de los hospitales móviles y, un cuarto elemento es que desde la ciudadanía se ha librado una presión para que se haga caer castigo contra los corruptos, aunque hay sectores amplios que no están seguros que en el país se haya creado un terreno fértil para el combate a la deshonestidad.
Es, en suma, la historia de la estafa, de la corrupción y de la vergüenza. El reclamo es que este escándalo de los hospitales móviles no quede enterrado por la impunidad.
