La aplicación del estado de excepción en Honduras ha sido ilegal y sin resultados positivos, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentado este martes. Tras dos años y 18 decretos, sólo uno ha cumplido con los requisitos constitucionales de aprobación y publicación en tiempo y forma, evidenciando fallas en su legalidad y ejecución, señala la ASJ. En el informe se especifica que desde diciembre de 2022, el gobierno impuso esta medida para combatir la extorsión, pero los datos muestran un efecto contrario. En 2022, 226,262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286,533, y en 2024, alcanzó los 304,388. Mientras tanto, las condenas por este delito han disminuido drásticamente: de 105 en 2022, bajaron a 66 en 2023 y a solo 8 en 2024 , detalla ASJ. 🔴#RadioHRN | ASJ denuncia que estado de excepción en Honduras es ilegal e ineficaz. https://t.co/GmSzQGKhyt pic.twitter.com/8hKOeGoDrj— Radio HRN (@radiohrn) February 4, 2025 'Inseguridad permanece' Según el decreto ejecutivo PCM 03-2025 del 6 de enero de 2025, durante el estado de excepción se realizaron 43,010 allanamientos, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, y se decomisaron 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas. Sin embargo, esto no ha reducido el problema de la extorsión, de acuerdo a ASJ. Además, en ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca y Atlántida, se ha registrado un aumento en las tasas de victimización. En ese sentido, sociedad civil critica la falta de voluntad política para coordinar esfuerzos entre instituciones estatales, lo que impide un combate efectivo contra la extorsión. 'No se ha ratificado' A nivel legal, ASJ destaca que la extensión del estado de excepción ha violado los procedimientos constitucionales. En muchos casos, los decretos no fueron ratificados por el Congreso Nacional o no se publicaron en La Gaceta dentro del tiempo requerido, dejando sólo una declaración como legal. En ese sentido, la bancada del Partido Liberal expresó su rechazo a la reciente extensión del estado de excepción, argumentando que la medida no ha cumplido con los resultados esperados y ha cuestionado la legalidad del decreto. 'Violación a los derechos humanos' Desde su implementación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido 798 denuncias por abusos, incluyendo allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias. El Conadeh indicó que la ampliación de un estado de excepción parcial por parte del Gobierno sin que el Parlamento lo ratifique es ilegal y compromete la responsabilidad internacional del Estado. ASJ instó en su informe al gobierno a replantear el plan antiextorsión, enfocándose en estrategias integrales que involucren a la Policía Nacional, fiscales y jueces. 'Resultados tangibles', defienden autoridades Miguel Martínez Madrid, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, defendió la vigencia del estado de excepción y los logros obtenidos. ¿Quiénes están en contra de esta medida? La Mara Salvatrucha, la Pandilla 18, los extorsionadores, los violadores y otros grupos delictivos. Esto demuestra la efectividad de nuestras acciones , expresó el oficial. Al respecto, Martínez Madrid destacó que el estado de excepción ha logrado una reducción del 43.2% en las muertes violentas de mujeres y del 25% en homicidios en comparación con 2024.