El tribunal, según un comunicado, consideró insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía, que acusaba a Mejía de supuesto enriquecimiento ilícito, argumentando un incremento injustificado de su patrimonio.

El excomisionado manifestó su satisfacción tras el fallo judicial que rechazó la solicitud del Ministerio Público de privarle de varios de sus bienes.

Mejía, quien enfrentaba acusaciones basadas en la sospecha de que había aumentado su patrimonio de manera indebida, expresó su alivio y justificación ante los medios, señalando la incapacidad del Ministerio Público para validar sus alegatos con pruebas concretas.

"No se lograron acreditar los medios de prueba del Ministerio Público (...). Hacer bien las cosas no hay absolutamente nada ilegal, ni lo van a encontrar y eso quedó reiterado precisamente durante todo este proceso", afirmó Mejía, quien afirmó que su equipo de defensa en demostró la legalidad en la adquisición de sus bienes.

Y agregó: "En todos mis años como servidor público en la Policía Nacional traté de trabajar con honestidad", quien también anunció su intención de emprender acciones legales contra el Estado de Honduras por los daños reputacionales y emocionales sufridos.

La controversia comenzó en enero de 2023, cuando el Ministerio Público ejecutó un operativo que resultó en el aseguramiento de 13 bienes entre muebles e inmuebles, además de la inmovilización de siete cuentas bancarias pertenecientes a Mejía.

Esta acción fue parte de una investigación por enriquecimiento ilícito, que finalmente no logró sostenerse en tribunal.

(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).

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