La Sala I del Tribunal de Sentencia contra la Criminalidad Organizada dictó un fallo absolutorio por unanimidad de votos a favor de José Rodimiro Arita, exdirector del centro penal "La Tolva", y de su exasesor Luis Rodríguez Alvarado.
Según informó el Poder Judicial, los jueces determinaron la inocencia de ambos exfuncionarios tras concluir que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar su participación en los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Sin embargo, el tribunal declaró a José Rodimiro Arita culpable por el delito de violación a los deberes de los funcionarios debido a omisiones administrativas en el ingreso de dinero al recinto penitenciario.
Arita recuperará su libertad de forma inmediata
Para el caso, Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aclaró el impacto legal de la resolución institucional y confirmó que el exdirector de 'La Tolva' abandonará el centro de reclusión de manera inmediata.
"El fallo que han dado los jueces es un fallo absolutorio para José Rodimiro Arita y para Luis Rodríguez Alvarado por lavado de activos. En el caso del señor Arita, deberá ser excarcelado, dado que en nuestra normativa el delito de violación a los deberes de los funcionarios no tiene cárcel", explicó Silva a los medios de comunicación.
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De igual manera, el portavoz detalló que Luis Rodríguez Alvarado recibirá una carta de libertad definitiva.
Por el contrario, el tribunal dictó un fallo condenatorio por lavado de activos contra la abogada Diana Gisela Zelaya Banegas, quien continuará cumpliendo la medida de prisión preventiva.
El origen del polémico dinero navideño
Los hechos probados durante el juicio oral y público constataron que las autoridades detuvieron a la abogada Zelaya Banegas en diciembre de 2023 con 445,000 lempiras en efectivo cuando ingresaba a la prisión de Morocelí, El Paraíso.
De acuerdo con la versión validada por el tribunal, el dinero decomisado estaba presupuestado para financiar una cena navideña y de Fin de Año dirigida a los reclusos de la instalación penal.
A pesar de que el ente fiscalizador argumentaba que el efectivo iba destinado a la estructura criminal pandilla Barrio 18, la defensa legal demostró que los fondos contaban con la aprobación del Comité Técnico Interno para beneficiar a 1,743 reclusos y al personal administrativo.
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