La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor ( Fedcam ) emitió un requerimiento fiscal con orden de captura contra el exdirector del Servicio Aeroportuario Nacional ( SAN ), Gustavo Turcios Carías , y David Orlando Rodríguez Coello, acusados como autores directos de estafa en perjuicio de una pareja. En el caso, también se señala a Nely Xiomara Guerrero Hernández como cómplice en el caso. Según información del Ministerio Público (MP) , la acción penal fue solicitada tras la denuncia presentada por las víctimas, quienes aseguraron haber sufrido pérdidas financieras y contractuales en un proyecto inmobiliario ubicado en la comunidad de Los Carricitos, en el municipio de Tatumbla , departamento de Francisco Morazán. De acuerdo con el ente acusador del Estado, los acusados incumplieron un contrato de promesa de compra-venta y construcción de una vivienda en Los Carricitos, zona de Las Crucitas. La acusación De acuerdo con la investigación, la propiedad , que se encontraba hipotecada por el vendedor Rodríguez Coello por un valor de L 2.5 millones, fue motivo de un contrato firmado entre las partes el 16 de julio de 2021. Así las cosas, los afectados, hicieron un primer pago de L 250,000 en noviembre del mismo año, pero el inmueble nunca fue completado . Durante el periodo acordado para la entrega de la vivienda , pactado para marzo de 2022, se reportaron varias transferencias adicionales al exdirector del SAN, incluyendo un pago de L 583,175 el 28 de octubre de 2021 y otro de L. 700,000 en febrero de 2022. A ello, según el MP, se suman pagos adicionales que elevaron el monto total desembolsado a L 1,698,175, de los cuales una parte fue depositada en la cuenta de la cómplice señalada, Nely Xiomara Guerrero Hernández. Investigación revela deficiencias Los informes de ingeniería de la Fedcam indican que el inmueble apenas cuenta con el 48% del total de la obra acordada, dejando un saldo pendiente de L 657,077 a favor de los afectados. De este modo, la construcción, catalogada como inhabitable, presenta riesgos de habitabilidad debido a la falta de estudios ambientales y permisos adecuados, lo que, según expertos, agrava la situación de estafa y pone en evidencia prácticas irregulares que vulneran los derechos de los consumidores. Audiencia y solicitud de captura Entretanto, para hoy estaba programada la audiencia de declaración imputado contra Rodríguez Coello, Guerrero Hernández y Turcios Carías , sin embargo, ninguno de los acusados compareció ante el despacho judicial. Al respecto, Fernando González, abogado de las víctimas, indicó que, tras la ausencia injustificada de los acusados, tanto el Ministerio Público como la representación privada solicitaron al tribunal la emisión de órden de captura para el exdirector del SAN y los demás imputados. "Se ha solicitado al despacho que libere las órdenes de captura debido a la negativa injustificada de los acusados a someterse a la justicia", manifestó González a noticiero Hoy Mismo, de TSi . "Ahora dependerá de la diligencia de la Policía Nacional para localizar a cada uno de ellos y llevar a cabo la audiencia de imputado, seguida de la audiencia inicial". Proliferación de estafas en proyectos Por otro lado, González también advirtió sobre un aumento en casos similares de estafa en municipios cercanos a Tegucigalpa, como Valle de Ángeles , Santa Lucía y Tatumbla , donde compradores son engañados por desarrolladores que incumplen sus compromisos de entrega de viviendas tras recibir grandes sumas de dinero. "Estas prácticas fraudulentas se han vuelto comunes, especialmente en proyectos residenciales ubicados en áreas periféricas y turísticas . Los clientes son engañados para que realicen préstamos millonarios y, al final, las obras no se terminan, o bien se construyen en zonas de riesgo sin los estudios adecuados", subrayó el abogado. En el caso específico de Tatumbla, la Fedcam señaló que los afectados podrían agrupar sus denuncias bajo una sola pretensión legal , en vista de que varios proyectos del mismo desarrollo habitacional han quedado incompletos, sumando más afectados a la lista de quienes demandan justicia por la estafa sufrida.