Un tribunal de sentencia absolvió por unanimidad a los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, así como a otros seis exfuncionarios, tras concluir que el Ministerio Público (MP) no logró probar el delito de tráfico de influencias por el que fueron acusados.
Según información de La Tarde, de HRN y TSi, la resolución, emitida luego de más de dos años de proceso judicial, determinó que los imputados actuaron dentro del marco legal y en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, relacionada con una auditoría a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) correspondiente al período 2017-2018.
Exmagistrado celebra la decisión judicial
Tras conocerse el fallo, el exmagistrado Ricardo Rodríguez expresó su satisfacción y alivio por la resolución judicial.
“Me siento muy satisfecho y feliz, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo y a los jueces, porque entendieron correctamente cómo funciona el Tribunal Superior de Cuentas”, declaró en entrevista con La Tarde, HRN y TSi.
Rodríguez aseguró que, desde el inicio del proceso, mantuvo la certeza de haber actuado conforme a la ley.
No obstante, reconoció que enfrentó momentos de preocupación durante el juicio.
“No temía por lo que habíamos hecho, sino porque los jueces no comprendieran los reglamentos del tribunal. Hoy quedó claro que sí los entendieron”, afirmó.
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Impacto familiar y cuestionamientos al Ministerio Público
Además, el exmagistrado también se refirió al impacto personal y familiar que tuvo la acusación.
“Esto afecta más que todo a la familia. En lo personal me sentía tranquilo, porque sabía que no había hecho nada malo”, señaló, aunque lamentó la duración del proceso y el daño colateral a otros funcionarios que perdieron sus cargos.
En ese contexto, Rodríguez cuestionó la actuación del Ministerio Público y sostuvo que nunca existió una denuncia formal por tráfico de influencias.
“Deberían ser más cautelosos. Al final se comprobó que no había nada de lo que ellos decían”, subrayó.
Defensa destaca independencia del tribunal
Por su parte, el abogado defensor Jair López afirmó que el tribunal comprendió de forma clara los hechos y la normativa aplicable en el caso de los exmagistrados del TSC.
“Quedó demostrado que los acusados nunca intervinieron en la labor de auditoría y que actuaron dentro de sus funciones legales”, explicó el profesional del derecho al respecto.
López agregó que la sentencia dejó en evidencia que la urgencia se concentraba en la emisión de un informe con más de dos años de retraso, pese a que la ley establecía un plazo de 90 días.
“No existía ningún hecho reprochable, y celebramos que su nombre haya sido restablecido”, indicó.
José Juan Pineda denuncia daño a su imagen
Mientras tanto, el exmagistrado José Juan Pineda calificó la acusación como injusta y denunció el daño causado a su reputación.
“Es lamentable que se acuse a personas sin pruebas. He trabajado 68 años en el servicio público y nunca había sido acusado”, expresó.
"Esta acusación fue totalmente fuera de la ley. Nosotros cumplimos una orden de la Corte Suprema de Justicia para realizar una auditoría a la Alcaldía Municipal del Distrito Central del período 2017–2018, y así lo establece la sentencia", manifestó.
Origen del caso de los exmagistrados del TSC
El caso de la acusación contra los exmagistrados del TSC se originó en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre presuntos actos irregulares en el Departamento de Auditorías de Municipalidades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Según el requerimiento fiscal, varios empleados habrían destruido u ocultado documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades, supuestamente por órdenes superiores.
En su defensa, el abogado Jair López, apoderado legal del exmagistrado José Juan Pineda, sostuvo días atrás que la acusación se vinculó desde el inicio al antejuicio contra exfuncionarios de la AMDC.
Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia, con base en el decreto 116-2019, ordenó de forma obligatoria al TSC realizar una auditoría previa para determinar si existían indicios de responsabilidad pena.
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