Expertos en derecho y economía cuestionaron este miércoles en HRN la posibilidad de utilizar fondos del Estado para indemnizar a los afectados por el esquema de estafa financiera.

El abogado Abel Orellana calificó como una negligencia grave la inacción de quienes no detuvieron a tiempo los movimientos de la empresa.

“Deben ser demandados los responsables por omisión. Los fondos públicos no tienen por qué ser utilizados para pagar a los afectados”, afirmó.

En caso Koriun estarían 'peces gordos involucrados'

Además, Orellana advirtió que Koriun podría ser un nido de lavado de activos, y que en el caso están involucrados "peces gordos".

También señaló que el Ministerio Público está actuando de forma contradictoria y pidió proteger la vida del gerente de Koriun, Iván Velásquez, ya que podría estar en peligro.

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Por su parte, el economista Walter Romero también se pronunció en contra del uso de recursos estatales para responder ante las pérdidas de los inversionistas.

“Es una medida incorrecta y un acto de populismo desmedido. El Gobierno debe tomar acciones urgentes”, dijo.

Romero recordó que los recursos tributarios no alcanzan para cubrir el presupuesto nacional, lo que ha obligado al país a seguir endeudándose.

“No hay voluntad política para blindar las finanzas públicas del populismo, sacar al país de la pobreza ni luchar frontalmente contra la corrupción”, concluyó.

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Ambos expertos coinciden en que el caso Koriun requiere de una investigación profunda, transparencia institucional y responsabilidad por parte de las autoridades.

Gobierno pagará a afectados

Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), justificó que la intervención del gobierno se hace en base al artículo 333 de la Constitución de la República, el cual instruye que el Estado puede intervenir en la economía por interés público y social.

"En el caso de que no existan los fondos, el gobierno ha instruido que se hará todo lo necesario para que la gente humilde que fue engañada y estafada pueda recibir su fondo. ¿Por qué se hace eso? Porque es una labor social, esto se ha convertido en un problema social", dijo Sierra en TN5 Matutino.

En días anteriores, Sierra explicó que los fondos destinados para estas acciones de protección de los socios provendrán del presupuesto público.

"El Gobierno dice que va a ser responsable para cubrir esos fondos porque va a salir del presupuesto público o de alguna manera", agregó.

Caso Koriun Inversiones

El Ministerio Público reveló que detrás del esquema de captación de dinero de esta empresa existe una red criminal organizada, vinculada a una presunta estafa piramidal que afecta a más de 35,000 socios.

El 23 de abril, el Ministerio Público (MP) aseguró la empresa Koriun Inversiones, con sede principal en Choloma, Cortés, tras confirmar que operaba bajo un esquema Ponzi, por suponer que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.

De acuerdo a las investigaciones, Koriun Inversiones ofrecía a sus socios una rentabilidad semanal del 5%, atrayendo a miles de inversionistas, principalmente empleados de maquilas y comerciantes en Choloma y otras ciudades.

La incertidumbre ha generado protestas por parte de miles de inversionistas que en los últimos días se han tomado la carretera CA-13 que conecta a San Pedro Sula con Puerto Cortés, generando pérdidas importantes a la economía nacional.

Esta mañana cientos de ellos se están haciendo presentes a las instalaciones de Koriun en Choloma para entregar documentos de respaldo que avalan las inversiones realizadas, con la esperanza de que sirva para que les regresen el capital.

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