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Ya quedó lista la ruta para la celebración de la segunda audiencia del proceso de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández.



El juez nombrado a efecto de conceder o denegar la petición para que Hernández sea entregado a la justicia de Estados Unidos, llevó a cabo la primera reunión en la que se informó al solicitado los delitos de narcotráfico y crimen organizado que se le imputan.



Una vez que el magistrado asignado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, Edwin Francisco Ortez Cruz, tenga “todas las cartas sobre la mesa”, determinará el tiempo en que emitirá su resolución.



A propósito del nombramiento de Ortez Cruz, algunos sectores han criticado sus actuaciones en el reciente pasado y avizorado que puede emitir una resolución “muy política” y no “jurídica”.



Lo identifican como el magistrado que absolvió a los políticos metidos en el bochornoso caso Pandora, y el que sobreseyó del delito de lavado de activos al ex diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo.



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La comunicación enviada por Estados Unidos con fines de extradición ha generado reacciones extremas en el país y situaciones hasta traumáticas. Este hecho histórico también ha reavivado los grupos de choque y de motivación político-sectaria.



Ayer, simpatizantes del Partido Nacional y miembros de Libertad y Refundación protagonizaron disturbios en la Corte Suprema de Justicia. Unos expresaron su apoyo; otros, su condena al ex mandatario, cuando éste se presentó la primera audiencia en la que el juez de extradición notificó los delitos imputados por la justicia de norteamericana.



En círculos políticos se ha mencionado que el pedido de extradición del ex gobernante es un indicativo de que “se ha comenzado a hacer justicia de arriba hacia abajo”, a la vez que se ha adelantado que viene un “efecto en cascada”.



Según ese trascendido, Estados Unidos va a pedir que más personajes de influencia sean sometidos a la “justicia del norte”; entre éstos, un ex presidente, dirigentes políticos, oficiales de cuerpos de seguridad y empresarios.



Profesionales dedicados a desmenuzar en sus causas y consecuencias el episodio que involucra al ex presidente en el período 2014-2022, han catalogado como “una vergüenza” que sea Estados Unidos el que ejecute las acciones conducentes a que la justicia caiga sobre personajes hondureños implicados en delitos graves.



Empresarios, dirigentes de la sociedad civil y líderes de diverso signo político concuerdan en un juicio de valor: “la institucionalidad de Honduras está carcomida”.



En esa misma línea de opiniones, actores de organismos que luchan a favor de la transparencia han propugnado porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, Oscar Chinchilla, renuncien a sus cargos, porque -desde su punto de vista- han fracasado en el combate a la corrupción y al crimen organizado; han alimentado la impunidad.



Estados Unidos ha tenido que actuar para que se haga caer la ley sobre los nacionales metidos en delitos graves. ¿Todavía hay tiempo para que la impartición de justicia sea recta y pronta en Honduras, con vistas a que prevalezca el Estado de Derecho?



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