La acción legal que el gobierno de los Estados Unidos de América ha emprendido contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien acusa de utilizar el territorio nacional para “meterle droga a las narices de los gringos” y conspiración para portar y usar armas de fuego de grueso calibre, además de exponer la inacción y la inoperancia de nuestro anquilosado sistema judicial, deja en evidencia esta grave relación entre impunidad y falta de Estado de Derecho que tenemos en el país.
Un desafortunado y vergonzoso episodio que cala de nueva cuenta contra la nación hondureña, porque nos expone como un estado incapaz para asegurar las condiciones de su propia legitimidad por las vías de la garantía de la justicia y la aplicación de la ley.
Es casi como decir: la ausencia del Estado en su función punitiva y la gravísima degradación, más de lo que ya estaba, de este sistema inquisitorio que tenemos o que no tenemos, y de las instituciones delegadas para impartir una justicia que no se imparte.
Un triste capítulo en la historia de Honduras, sin duda. Y muy triste porque de nuevo es otro país y otro sistema inquisitorio el que tiene que actuar frente a la ineficacia procesal y la inoperancia de las autoridades hondureñas, responsables de garantizar el debido proceso y la impartición de justicia que a la vez nos protegería como sociedad de una impunidad rampante que en los últimos tiempos no ha hecho más que incrementar nuestro sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la población nacional.
Es muy grave lo que estamos viviendo en Honduras. El hecho de que no tengamos casi que ninguna certeza de que los autores intelectuales del latrocinio cometido al Seguro Social vayan a enfrentar la justicia, y que ni siquiera los responsables materiales e intelectuales de la gran estafa que fue la compra de los hospitales móviles para enfermos de covid, terminen siendo condenados por el grave daño sufrido por el pueblo hondureño, nos enfrenta, indefensos y con las manos arriba, a un sistema de justicia lastrado por la complicidad de los funcionarios, pero peor, por los altos niveles de impunidad.
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La impunidad que es un acicate para la comisión de nuevos delitos. La impunidad que atiza acciones delincuenciales que quedan sin castigo y que más bien estimulan y escalan hacia otras y peores prácticas de criminalidad. Y eso lo han entendido bien los funcionarios en todas las escalas. Por eso se atrevieron a hacer lo que hicieron.
En el caso de los hospitales móviles se atrevieron a autorizar y comprar esas inservibles e infuncionales estructuras, contraviniendo el riguroso protocolo estatal de contrataciones y compras, desoyendo los criterios jurídicos y técnicos. Total, y quien o quienes les iban a hacer algo?... La impunidad que es un bárbaro vacío en el sistema de justicia: la expresión más elemental de la inexistencia de responsabilidades penales, el escapismo de la acción de la justicia. La impunidad que es la ausencia del Estado en su función punitiva.
Miren. Lo que nos pasa es grave, tan grave que así como estamos serán también los fiscales de Nueva York los que se van a terminar llevando a los implicados en el carretillazo, en el gasolinazo, Los Pandoros, los de los hospitales móviles, en fin, los ladrones y estafadores de poca, mediana y gran monta que hemos tenido en las últimas administraciones públicas.
La sociedad hondureña está ya harta de estos reiterativos episodios de impunidad, resultado de un sistema de justicia anquilosado, corroído por la corrupción, infiltrado por la política partidista, y en los últimos años, instrumentalizado por otro poder del Estado.
La coyuntura que hoy se nos presenta a partir de lo que en otras circunstancias y tal vez en otras sociedades tendría que ser una inaceptable intervención de otra nación y de un sistema judicial foráneo, tiene que ser una especie de masazo sobre nuestro entramado legal y constitutivo.
Tiene que ser un golpe de timón para un sistema de justicia penal que ahora debería estar obligado a resarcir el daño generado a las víctimas de la impunidad. Los hondureños no nos merecemos un sistema de justicia que sólo ha sido exhibido por su ineficacia, corrupción, contubernio con los grupos delincuenciales e indiferencia ante los agravios que la injusticia contenida en la impunidad ha generado.
