"Ayer tuvimos acceso ya, a una agenda que esta comisión (de dictamen) tiene, en la cual no estamos, y hoy vamos a remitir una nota al CN /Congreso Nacional) solicitándole que, tanto el sector agroindustrial o agropecuario, que son el sector agroalimentario, toda la gremiales, tengamos la oportunidad de poder participar en la socialización de dicha ley", expuso Cerritos a noticieros Hoy Mismo, de TSi.
El representante de la Fenagh enfatizó en que, la presencia de la organización es esencial por ser un tema técnico, además de tener orden legal, y por tanto, pueden hacer aportes sobre las necesidades del campo, pues -sostuvo- el proyecto tiene muchas falencias.
Del mismo modo, Cerritos remarcó que se requiere entrar en un trabajo técnico con la Secretaría de Finanzas para revisar el instructivo aduanero, para evitar la arbitrariedad en la aplicación de impuestos a insumos agrícolas.
Riesgos del proyecto de ley
Al respecto, el director ejecutivo de la Fenagh destacó que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno pretende derogar el artículo 2 del decreto legislativo 119-2016, en el cual se reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV), que data de 1963.
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El artículo en mención se refiere a la exoneración del pago de ISV a las personas naturales o jurídicas en la importación de maquinaria, equipo e implementos que se utilicen en la producción agrícola.
"Está confirmado con ese proyecto que fue entregado, que se deroga el artículo 2 del decreto 119 de 2016 entonces van a reformar el artículo 15 la Ley del Impuesto (Sobre Ventas) para poder, en teoría, que todo lo que el sector agroalimentario necesite quede exento", señaló.
Y agregó: "Aquí es donde viene esos detalles técnicos, que tenemos que hacer que un productor no se vea problemas y dificultades el día de mañana para, realmente, beneficiarse de un incentivo fiscal".
De igual manera, remarcó la necesidad de que se analice qué productos pueden ser exonerados de impuestos, ya que hay insumos y equipos que son utilizados por productores agrícolas y, a la vez, son empleados en otros rubros, como, por ejemplo, la construcción, entre otros.
Reforma tributaria
La presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció la reforma tributaria el 30 de enero de 2023 y el 8 de marzo fue presentada ante la empresa privada por parte de autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
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Posteriormente, el 22 de marzo, representantes del Gobierno y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se reunieron para intercambiar opiniones y sugerencias sobre la denominada Ley de Justicia Tributaria y el 25 de abril fue enviada al CN para su discusión y eventual aprobación.
Para lo anterior, se requiere el voto de, al menos, 65 de los 128 diputados, es decir, mayoría simple, por lo que se requiere el consenso entre las bancadas de los partidos políticos.
Es así que, Libertad y Refundación (Libre), que tiene 50 diputados, Partido Liberal (PL), que tiene 22, el Partido Nacional (PN) cuenta con 44, el Partido Salvador de Honduras (PSH) tiene nueve y los partidos Democracia Cristiana (DC) y Anticorrupción (PAC) tienen un congresista cada uno.
Ante ello, el CN nombró una comisión de dictamen integrada por diputados de los diferentes partidos políticos representados en el legislativo, misma que preside el diputado de Libre, Hugo Noé Pino.
Opiniones en contra
Diversos sectores, especialmente la empresa privada, han manifestado su rechazo hacia el proyecto de ley del ejecutivo, ya que la misma contempla la eliminación de regímenes de exoneración fiscal, así como también la eliminación del secreto bancario para prevenir la evasión de impuestos.
De tal modo, expertos sostienen que dichas medidas ahuyentarían la inversión nacional y extranjera, lo cual impactaría en la economía hondureña, particularmente por la eventual pérdida de empleos al no haber inversión.
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