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A su antojo han manejado el Fondo Departamental los diputados del Congreso Nacional en diferentes períodos. Los recursos distribuidos entre los legisladores han sido utilizados como "una piñata" antes y ahora.



Entre 2007 y 2018, más de 62 millones de lempiras fueron repartidos y manejados "sin control ni fiscalización" de parte de las entidades de&nbsp; contraloría en los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Valle y Santa Bárbara, concluye un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).



En esa década se destinaron para el Fondo Departamental una cifra superior a 2,300 millones de lempiras que se emplearon más para propósitos políticos que para objetivos sociales.



El Tribunal Superior de Cuentas no ejerció en ese período ninguna fiscalización, no existieron los controles institucionales y tampoco la evaluación de los resultados en materia de desarrollo social.



Entre los hallazgos del estudio sobresalen la utilización de Organizaciones No Gubernamentales sin experiencia en la ejecución de obras, la falta de verificación de los documentos de soporte para los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas y la incongruencia en el perfil de los proyectos.



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Igualmente fueron detectadas contradicciones entre la auditoría levantada, el trabajo de campo y lo plasmado en los informes en los que se ha exonerado de responsabilidad a los diputados que han sido beneficiados con la entrega de recursos públicos.



El Fondo Departamental se convirtió en una vía para el despilfarro y apropiación del dinero de las arcas. Ha sido una práctica histórica. En 2006 se estableció el Fondo Especial para el Desarrollo Social con el uno por ciento asignado para los programas presupuestarios.



En 2008 el Congreso Nacional tomó el control del Fondo Social de Planificación Departamental que se insertó en la Estrategia de Reducción de la Pobreza y fue dotado con una asignación de 450 millones de lempiras.



Tres años después, en 2011, el Fondo de Desarrollo Departamental pasó a ser controlado por la Presidencia del Poder Legislativo que en aquel entonces era ejercida por Juan Orlando Hernández.



En este relato cronológico se menciona que en 2012 el programa fue controlado al tenor de un nuevo reglamento que hizo posible la repartición de recursos sin mayor veeduría.



Fue reformulado en 2018, en el marco de una enmienda a la Ley Orgánica y a las disposiciones generales del Presupuesto de la República. Los cambios fueron operados en la misma época en la que se destapó el caso de "La Red de Diputados" y fueron calificados como "un pacto de impunidad", porque le otorgaron más fuerza a las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, pero se disminuyeron las facultades de persecución penal del Ministerio Público.



Y en 2019 fue publicada en La Gaceta la Ley Especial de Fondos Públicos que contiene algunas disposiciones cuestionadas por su aplicación retroactiva y porque el finiquito del Tribunal Superior de Cuentas exonera de cualquier responsabilidad por el manejo incorrecto de la partida del Fondo Departamental.



En la legislatura presente se ha insistido en que ya no existe el Fondo Departamental propiamente dicho y que los recursos son manejados bajo mayores controles, dado que los congresistas únicamente son gestores de los proyectos.



Sectores críticos sostienen que, en realidad, nada ha cambiado y que el presupuesto de unos 192 millones de lempiras que es manejado en nombre del compromiso de llevar progreso a las comunidades sigue siendo "manoseado".