El extitular de Copeco, Gabriel Rubí, se presentó este jueves a los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para responder a la acusación de violación de los deberes de los funcionarios por compra irregular de ventiladores mecánicos adquiridos durante la pandemia del covid 19.
Previo a ingresar al tribunal, reveló que otras instituciones del Estado estuvieron involucradas en la compra y que el equipo de ventiladores nunca ingresó a la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco).
"Seis instituciones conformaban el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager). Estábamos en estado de emergencia; era una compra que se tenía que hacer, estamos sufriendo desabastecimiento en todo el mundo", manifestó.
Sobre la adquisición, Rubí mencionó que cinco instituciones del Estado participaron en la compra como parte de SINAGER, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la Cancillería de Honduras, el Ministerio de Inversiones y la Fuerza Aérea.
'Fuerza Aérea no revisó el equipo'
"Ese equipo jamás llegó a Copeco, la Fuerza Aérea lo fue a traer a Nueva York y se entregó a la Secretaría de Salud; nosotros no pudimos revisar hasta que revisamos las actas", declaró Rubí.
Rubí señaló que la Fuerza Aérea estuvo involucrada en la verificación de los ventiladores mecánicos, ya que pertenecían al Sinager, creado en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
"Ellos eran parte de SINAGER; se encargaron de traer y entregar el material adquirido, pero no lo revisaron", explicó Rubí.
Sobre la compra, indicó que la hizo Copeco, puesto que en aquel entonces dicha institución fungía como dirección ejecutiva de Sinager. Recordó que los procesos de la SESAL duraban meses y en 2020 había urgencias por la pandemia.
Requerimiento fiscal a Gabriel Rubí
Rubí mencionó que recibió el requerimiento fiscal el 23 de septiembre y que, aunque quiso presentarse el 27 del mismo mes, fue citado por una jueza hasta este jueves.
"El día que me presentaron el requerimiento, solicité ayuda a mis abogados y presentamos una solicitud para defendernos", añadió.
El 23 de septiembre, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata contra varios exfuncionarios del Gobierno de JOH (2018-2022), acusados de causar un perjuicio de más de 63 millones de lempiras al país.
Dicha compra irregular fue de ventiladores mecánicos que no funcionaron durante la pandemia del covid 19 entre 2020 y 2021. Entre los acusados se encuentran Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; y varios exfuncionarios de COPECO, a quienes se les señala por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
