Honduras cerró el 2025 bajo una estricta vigilancia financiera, marcando un año donde la estabilidad macroeconómica convive con serias dudas sobre la eficiencia administrativa.
Aunque el país muestra signos de resiliencia ante presiones externas e internas, el balance final de la Secretaría de Finanzas (Sefin) revela un panorama de luces y sombras que definirá la agenda económica de 2026.
Al cierre del ejercicio fiscal, el Gobierno logró una ejecución presupuestaria del 90.2 %. Si bien la cifra parece positiva en el papel, el desglose muestra un patrón preocupante: mientras los gastos operativos y salarios se cumplieron a cabalidad, la inversión en infraestructura y proyectos productivos sufrió retrasos considerables, concentrando casi todo su dinamismo en los últimos tres meses del año.
Esta "aceleración de último minuto" ha generado cuestionamientos sobre si los recursos se utilizaron con una planificación estratégica o simplemente para cumplir con las metas contables de fin de período.
En términos de crecimiento, el Producto Interno Bruto (PIB) se situó en un 3.7%, una cifra sólida que refleja el empuje del consumo interno y las remesas, pilares fundamentales de la economía nacional.
Paralelamente, la inflación logró estabilizarse en un 4.9%, manteniéndose dentro del rango meta tras un año de presiones externas sobre los precios.
No obstante, la deuda pública ascendió al 45% del PIB, impulsada principalmente por un aumento en el endeudamiento interno. Esta tendencia compromete una mayor parte del presupuesto futuro para el servicio de la deuda y el pago de intereses, limitando el espacio fiscal para la inversión social y productiva.
¿Realmente avanzó Honduras en 2025? La respuesta es compleja. El país ha logrado una reducción histórica en la tasa de desempleo (4.9 %) y ha mantenido el orden monetario, lo cual es un avance innegable en el ámbito social y financiero. Sin embargo, el estancamiento se percibe en la calidad del gasto público y la falta de continuidad en proyectos de desarrollo clave.
Sobre la gestión de recursos y la legalidad presupuestaria, la abogada Liliam Rivera, Directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), subraya la importancia del marco normativo vigente: "La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto definen que cuando no hay un presupuesto aprobado al cierre de un ejercicio para iniciar el siguiente, se cuenta con un presupuesto prorrogado".
Esta disposición legal asegura la operatividad mínima del Estado ante eventuales retrasos legislativos, un recordatorio de que la transparencia y el apego a la ley son fundamentales para la salud financiera del país.
El 2025 deja la sensación de un país que crece por la inercia del mercado, pero que sigue atrapado en una gestión estatal lenta y reactiva.
El reto para 2026 será romper con la dependencia de la deuda y transformar el presupuesto en una herramienta de desarrollo real que no aparezca solo en los balances de diciembre, sino en la infraestructura, la seguridad y los servicios públicos durante todo el año.
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