"Los flujos migratorios ya rebasaron la capacidad institucional del país", señaló la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Liliana Reyes, quien instó al Estado a proteger la vida e integridad de los migrantes irregulares que transitan por Honduras.
En 2022 alrededor de 188,858 migrantes entraron a Honduras, la mayoría por puestos de control migratorios no oficiales y de manera irregular, según el organismo de derechos humanos.
Del total de migrantes irregulares, 73,804 son de nacionalidad cubana, 55,083 venezolanos, 24,525 ecuatorianos, 11,517 haitianos, 2,509 colombianos y 2,216 de la India.
Protección a los migrantes
Reyes ve necesario que todas las instituciones estatales "sumen sus esfuerzos para proteger los derechos humanos" de los migrantes, aunque ingresen al país en condición irregular, pues existe "una obligación" como Estado de dar protección a la vida e integridad de las personas.
Solicitó además mayor presencia de autoridades en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, debido a que en los últimos años se ha convertido en una nueva ruta de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
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"Hay poca presencia institucional del Estado hondureño que dé respuesta a las necesidades que presentan las personas migrantes y, cada día, se ven superadas por los flujos masivos de personas", subrayó Reyes.
Denuncias de migrantes
Decenas de migrantes en movilidad han denunciado en varias ocasiones haber sido víctimas de atropellos en Honduras, principalmente por parte de transportistas del servicio interurbano.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo que con el incremento de los movimientos humanos aumentaron también "las vulneraciones" a los derechos de los viajeros irregulares.
"A las personas migrantes se les violan sus derechos fundamentales tanto en su país de origen como en los de tránsito y los de destino, irrespetando así la dignidad que les es inherente e imposibilitando el desarrollo de sus planes de vida", enfatizó.
Izaguirre destacó que los Estados tienen la obligación de "respetar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos" de los migrantes durante el tránsito atendiendo de forma especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Señaló que Honduras se ha convertido en un "país de tránsito" de migrantes a pesar de que no existe un reconocimiento oficial por parte del Estado.
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