Juristas, académicos, algunas instituciones políticas de la oposición, economistas, funcionarios edilicios, bloques religiosos y fuerzas vivas, están metidas en el embrollo de las ZEDE, sin salida.
Es sintomático que No tengan eco las iniciativas ciudadanas presentadas en Congreso Nacional ni los recursos de inconstitucionalidad introducidos en el Poder Judicial.
Esto significa que No existe intención de dar marcha atrás al plan de partir en fragmentos el territorio nacional para obtener lo que algunos analistas llaman "utilidades espurias".
Solamente queda planteada la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y de la equidad, tomada por la población hondureña a través de la movilización y la protesta ciudadana.
Casi un centenar y medio de alcaldías municipales se han pronunciado en desaprobación de las ZEDE, porque sus funcionarios sostienen que este esquema genera desigualdad y son una "iniciativa perversa".
En opinión de los funcionarios de los gobiernos locales, estos regímenes tienen un acento de "ilegalidad, inconstitucionalidad y perversidad".
Los académicos y juristas, de su lado, han convenido en calificar a las Ciudades-Modelo como "la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país".
Los empresarios e industriales del país comparten los juicios de valor en torno a las regiones creadas supuestamente para atraer la inversión y generar puestos de trabajo en escala masiva.
Las organizaciones populares y gobiernos locales también se han unido para demandar que se dé marcha atrás a la instalación de las ZEDE por cuanto vendrán a "profundizar la desigualdad y la convivencia de un Estado dentro de otro Estado", además de crear modelos económicos, fiscales y jurídicos excluyentes.
Políticos que No comulgan con el actual mandato, están a la espera de que se dé trámite a las iniciativas ciudadanas que hagan viable la derogación de la controversial ley de las Zonas Especiales o "Ciudades Modelo".
Intérpretes de lo que acontece en el país están seguros de que las ZEDE van a desembocar en una segregación social y en la destrucción del Estado de Derecho, con el riesgo que Honduras se consolide como "paraíso fiscal y refugio de personajes corruptos o de elementos del crimen organizado".
El tema continúa abierto y desencadenando un ambiente de hostilidad y violencia en nombre de la institucionalidad y de la soberanía de Honduras.
