Mucho se ha polemizado acerca de las sumas estratosféricas que ganan un grupo de burócratas y diversos análisis han sido elaborados alrededor del vergonzoso despilfarro de recursos destinados a la masa salarial.
Es un tema que ha estado en el radar de los grupos de opinión crítica de manera recurrente. Así, entonces, se ha hecho caer una tormenta de reproches, en especial sobre medio centenar de funcionarios que ganan arriba de 150,000 lempiras mensuales.
Y vuelve a estar en el brasero, con motivo de haber salido a la luz que los burócratas del Banco Central han recibido entre enero y agosto de este año un aumento casi 20 por ciento en sus obesos salarios, correspondiente con más de 30,000 lempiras mensuales en las categorías superiores.
No hay que obviar que, en lo que respecta a la institución que rige la política cambiaría y monetaria, como a otras dependencias estatales, los servidores públicos ni siquiera necesitan recetarse o gestionar beneficios salariales, dado que los contratos colectivos o regímenes especiales vigentes en cada caso establecen la revisión periódica de la tabla de remuneraciones.
Dichos instrumentos mandan que cada año deben ser considerados al alza los sueldos y salarios de los funcionarios y empleados que se desempeñan en escalas determinadas, además de otros reconocimientos por méritos y resultados de gestión.
Lo grave está en que los ajustes aprobados de manera automática a favor de los burócratas de ciertas entidades del Estado, han formado una bola de nieve que arrastra todo a su paso.
Hasta L 100 mil podrían acumular en alzas salariales altos funcionarios en próximos cinco años
Sus consecuencias sobre las finanzas son impredecibles, en tanto se desconoce hasta dónde pueden crecer los montos devorados en sueldos, salarios, compensaciones y otros privilegios por un sector de servidores de confianza y trabajadores de ciertas categorías.
En puras declaraciones ha quedado la promesa de las autoridades que tomaron posesión en enero pasado de racionalizar los altos sueldos que van desde los cien mil hasta los 340,000 lempiras, mientras el resto de la población apenas recibe el salario mínimo o sobrevive en la economía informal, si es que no agoniza por falta de empleo.
No tenemos conocimiento que se hayan introducido iniciativas que conduzcan a eliminar los abusos en el otorgamiento de sueldos y salarios a los funcionarios de jerarquía superior o intermedia que prosperan y se multiplican en la administración pública.
Ignoramos, de la misma manera, si está en elaboración alguna propuesta de austeridad, verdadera y no maquillada, que haga posible adelgazar la masa salarial y aliviar su peso sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Los contratos colectivos, reglamentos o normativas especiales que contienen privilegios desmesurados de efectos graduales para cierta clase de servidores públicos, deberían ser suspendidos o replanteados; son un mal parto.
Su impacto es ruinoso para las finanzas, crea clases privilegiadas, ensancha las desigualdades sociales y provoca un gran desequilibrio en la gestión pública.
