Es una vergüenza que los legisladores de los distintos signos partidaristas no hayan arribado a consensos y que se hayan entregado a un diálogo de sordos en el que prevalecen las manipulaciones y las ambiciones insaciables.
Están empecinados en la repartición de sus cuotas de intervención en el Poder Judicial; muy poco les ha importado debatir sobre los perfiles de los candidatos a magistrados.
Tal y como era nuestro temor, habida cuenta la costumbre de los políticos de comercializar la justicia, el plausible trabajo realizado por la Junta Nominadora quedó disminuido y empañado por los “conciliábulos” partidarios.
Nuevamente, los congresistas se enfrascaron en una insensata pugna por el mal reivindicado derecho a colocar sus piezas de ajedrez en el Poder Judicial. ¡Y todo por su torcida visión de la justicia!
Cada uno de los grupos representados en la Cámara Legislativa proclamó su defensa de la legitimidad y del principio de no violación a la Constitución, pero -en el terreno de los hechos- han sido protagonistas de un descarnado apetito de dividirse la Corte Suprema de Justicia.
Y para terminar de mancillar el proceso de elección del Poder Judicial, a los abogados y notarios propuestos para el alto cargo de impartir justicia, se les ha etiquetado con tal o cual partido político para comprometerlos a interpretar las leyes y a impartir la justicia de manera sesgada para los grupos que votaron a su favor.
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Lo cierto es que la clase política sigue en deuda con el pueblo que ha depositado el poder de representación en ellos. Las lecciones que nos deja el presente proceso de integración del nuevo Poder Judicial no son buenas, son objeto de reprensión.
Los políticos nos mantienen en la incertidumbre, bajo la amenaza de una crisis institucional y, por encima de todo, nos han demostrado que la implantación de un sistema de justicia con rectitud, prontitud y legalidad no es una prioridad para las autoridades de turno como no lo fue tampoco para nuestros gobernantes en el pasado.
Sigue viva la identidad ambiciosa, oportunista y divorciada del deber con la patria de nuestros políticos. Por lo mismo, necesitamos replantear como una primera necesidad la de fortalecer nuestro basamento institucional, buscar la eficacia del sistema democrático y promover liderazgos políticos más auténticos y comprometidos con Honduras.
Es nuestra cara aspiración alcanzar una verdadera independencia de los Poderes del Estado, construir una democracia participativa, llegar al punto de equidad social, lograr estabilidad política y acceder a una justicia imparcial, no diferenciada ni negociada.
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