El proceso electoral se ha convertido ya, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en la elección más violenta en la historia reciente de Honduras, con más de 30 homicidios contra candidatos y funcionarios políticos en estos meses previos a los comicios del próximo 28 de noviembre.
El asesinato del popular alcalde de Cantarranas y la muerte violenta de dos aspirantes municipales en Santa Bárbara y Olancho, los más recientes episodios en esta vorágine de violencia electoral, han sumido a la sociedad hondureña en una situación de verdadera alarma nacional mientras empeora el escenario de gobernabilidad, y no digamos, de seguridad ciudadana.
Se trata, coincidimos todos, de una situación en la que está incluso de por medio el derrotero democrático e institucional del país; la coyuntura para que Honduras avance en la instauración de una nueva gobernabilidad, en todos y los múltiples ámbitos de la vida nacional.
Los asesinatos de candidatos y funcionarios políticos, por más que las agencias de seguridad del país se empeñen en no vincular con el quehacer electoral, revisten una connotación que va más allá del impacto emocional que la violencia y el hecho sangriento provocan: se trata del rumbo democrático del país, pero además, de los valores, actitudes y conductas de una sociedad que sustentan los principios de seguridad, libertad, justicia, tolerancia y respeto a la vida y a la institucionalidad.
Por ello todo lo que ha estado pasando en los últimos meses, y más aún, en esta recta final del proceso electoral, debe preocuparnos más. No podemos permitir que la democracia se nos venga abajo como tampoco dejar caer los pilares sobre los que se sustenta la gobernabilidad, además de la paz social tan necesaria para atisbar hacia adelante, el camino que tendremos que de todas maneras tendremos que recorrer hacia el bienestar humano.
Estemos claros que sería el peor atentado contra el estado de derecho, y más, contra la paz, la seguridad ciudadana y el respeto a la vida. Sería demoledor si ahora no paramos esto, desde todas las trincheras. Como sociedad no seamos omisos a estas situaciones que no hacen más que empeorar esta aborrecible impunidad y opacidad ante el estado de cosas. ¡Los hondureños no lo merecemos!
Definir una posición infranqueable contra la violencia y a favor de la paz debe ser otra de las grandes prioridades y demandas que como sociedad nos ocupe, ya que pues la clase política no parece interesarle.
Porque si hasta ahora no ha saltado a nuestra vista una propuesta coherente y sólida dentro de los planes de gobierno que asumimos tienen los que aspiran a regir el destino del pueblo hondureño en los próximos cuatro años, colegimos entonces que estos temas sensibles de la violencia, polarización social y división de la familia catracha, no parecen ser tan importantes.
¡Esto es lo urgente! Honduras no puede ser más tierra fértil para que se sigan reproduciendo los peores virus que carcomen la institucionalidad, la democracia, y sobre todo, la paz que todos nos merecemos.
