Los empresarios han vuelto a enfilar sus críticas contra el Gobierno por lo que ellos califican como una actitud tolerante de las autoridades del país a los invasores de tierras privadas.
Si el Gobierno se niega a actuar frente a los sectores que tienen ocupados predios particulares, es porque está promoviendo tales acciones ilegales, declaró el secretario ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
En esta misma línea de opiniones, el ex presidente de la iniciativa privada, Santiago Ruiz, acusó al Poder Ejecutivo de mantener un discurso no amigable con los inversionistas.
El dirigente de la empresa privada añadió varios renglones a su crítica. Sostuvo que la actual administración lanza mensajes ambiguos e incoherentes sobre las medidas adoptadas para atraer capital, tanto nacional como externo.
De un lado, los principales funcionaros del Gobierno del Poder Popular sostienen que la invasión de tierras no es impulsada desde el Gobierno; por otra parte, los hechos evidencian lo contrario, aseveran los críticos.
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Datos oficiales apuntan que, a nivel nacional, están invadidas cerca de 12,000 hectáreas a nivel nacional. En Colón, se han identificado aproximadamente 7,000 hectáreas ocupadas; en Choluteca suman 3,800 hectáreas; y en Yoro son 1,500 afectadas.
Igualmente, en el departamento de Cortés están localizadas cientos de manzanas de tierra que han sido intervenidas por grupos que reclaman la posesión irregular de las mismas.
La invasión de terrenos es atribuida a supuestas agrupaciones de campesinos y activistas del mismos Partido Libertad y Refundación en el poder.
Las autoridades gubernamentales encargadas de abordar esta problemática insisten en que el acceso a la tierra es un derecho que hay que reconocer, a la vez que se pronuncian a favor de restablecer los principios de la reforma agraria y desmontar la estructura de la modernización agrícola.
Los empresarios, por su parte, presionan para que se ponga un término a la afectación de las tierras que son de tenencia privada. Si no ocurre así, la seguridad jurídica caerá en un deterioro y el país seguirá siendo un terreno estéril para la inversión.
Los miembros de la empresa privada hacen hincapié en una verdad: "No es posible repartir riqueza si lo que se genera es pobreza". Esta condición adversa es la que se deriva de la invasión de tierras que, a su vez, da lugar a la falta de seguridad jurídica.
Y cuando no existen reglas claras, no hay certeza; tampoco un clima favorable para atraer las inversiones que se necesitan para crear empleo e impulsar el desarrollo del país.
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