Son al menos seis instituciones donde se han denunciado actos de corrupción que se presume fueron cometidos en la gestión anterior y en las que están abiertas investigaciones.
Quienes asumieron la conducción del país para el período 2022-2026, han denunciado que en la última década se cometieron delitos que son tipificados como fraude, violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, desvío o apropiación de fondos y otros relacionados.
Uno de los primeros expedientes revelados es el que consigna la transferencia del Pani por 236 millones de lempiras supuestamente para fortalecer el programa de merienda escolar, una justificación sin sustento dado que las clases no han sido impartidas de manera presencial en los últimos dos años.
En la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), se denunció un supuesto saqueo de 230 millones de lempiras que habría contribuido a profundizar el déficit de la institución estimado en 6,000 millones.
Están en proceso una serie de indagaciones sobre irregularidades en que habrían incurrido los funcionarios precedentes en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
En la Secretaría de Gobernación, el Ministerio Público realiza las averiguaciones en cinco líneas que están conectadas con transferencias ilegales para el programa Vida Mejor, manejo anormal de recursos de algunas ONG y otros temas.
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Una de las denuncias más escandalosas es la que menciona a las anteriores autoridades de la cartera ministerial de Salud y que fue presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con esos hallazgos, pocas horas antes de concluir la gestión gubernamental fueron firmados más de siete mil acuerdos de nombramientos que causaron un impacto económico de 2,500 millones de lempiras.
En ese expediente se acusan contrataciones masivas sin sustento financiero, duplicidad de nombramientos, acuerdos incompletos y falta de rendición de cuentas sin perjuicio de otros hechos que constituyen un mal manejo del Presupuesto que desembocó en un saqueo, según lo afirmado por las autoridades actuales del sector.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, las acusaciones han sido enfocadas en la conformación y crecimiento de una red de extorsión en la que se presume han tomado participación los miembros del servicio consular.
En esta cadena de denuncias de corrupción, se suma el expediente presentado por el CNA relativo al desvío de 69 millones de lempiras que fueron a parar a manos de tres ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico.
Y qué decir de Inversiones Estratégicas a dos de cuyos directivos se les tilda como autores materiales del acto de corrupción más grande cometido en plena emergencia sanitaria como es la compra de siete hospitales móviles por 1,200 millones de lempiras. Se ha planteado la desaparición de Invest-H.
La información recabada por organismos anticorrupción revela que desde 2014, se ha detectado un perjuicio económico de más de nueve mil millones de lempiras por actos protagonizados por los indecentes que se han apropiado de los recursos públicos.
Sectores que luchan por la rendición de cuentas tienen puestas sus expectativas en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
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