Durante su visita a Honduras, donde se reunió con autoridades del país y empresarios, el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía de Estados Unidos, José Fernández, ha hecho énfasis en la seguridad jurídica como requisito para impulsar la inversión y la reactivación del aparato productivo.
Resaltamos, en esta misma relación, el anuncio formulado por el alto funcionario estadounidense sobre el potencial interés de empresas norteamericanas de realizar una inversión de 1,200 millones de dólares en actividades puntuales en Honduras.
A decir verdad, las dos principales salidas que tiene nuestro país para sortear el atolladero financiero en que estamos hundidos son la inversión y la creación de empleos.
Grupos ligados con la empresa privada, la industria, así como los versados en economía y finanzas, han condenado que se hayan gestado las alianzas entre voraces políticos, impúdicos negociadores de contratos y cazadores de fortunas que han erosionado la seguridad jurídica en nuestra nación.
Esta deformación es la que ha provocado, en alguna medida, una caída libre en la inversión extranjera de 70 por ciento al pasar de 1,500 millones de dólares a 400 millones de dólares en los últimos cinco años.
No podemos aspirar a que nuestro país sea considerado como un territorio fértil para la llegada de capital foráneo o para que el mismo sector privado nacional ponga a disposición recursos orientados al desarrollo de planes y proyectos, si las leyes no se respetan o si no son otorgados los requisitos mínimos de certidumbre para hacer buenos negocios en condiciones de igualdad, justicia y equidad.
Sabemos que el desbalance entre los ingresos y los gastos de la República es crítico. A finales de la semana pasada, los superiores de la cartera de Finanzas informaron que se procedió a cancelar la suma de 13,000 millones de lempiras por concepto de servicio de la deuda interna y externa que heredó el gobierno anterior.
Recordamos que, durante un informe a la nación, el mes pasado, se rindieron cuentas de la calamidad de las finanzas públicas, en tal magnitud que para financiar el déficit se necesitan de inmediato 2,600 millones de dólares, unos 64,000 millones de lempiras y se denunció que en la década pasada fueron desviados 168,000 millones de lempiras por las redes de corrupción.
Se añade la deuda flotante de la Administración Central de 12,000 millones de lempiras y la presión que es ejercida sobre la factura petrolera a causa de la convulsión en mercado internacional del crudo.
Tal cual lo ha subrayado el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía de Estados Unidos, José Fernández, durante su estadía en Honduras, debemos volver sobre un concepto inapelable: la seguridad jurídica es la condición para abrir todas las posibilidades de una inversión que traiga desarrollo económico y social.
Y en rigor de verdad, no visualizamos aún que se haya iniciado el establecimiento de las bases de una política para enderezar el curso desviado de la pretérita administración, fomentar la llegada de capital y favorecer el emprendimiento de negocios competitivos en un clima de respeto a las leyes; por lo menos, las acciones dirigidas a tales finalidades están en nebulosa, en momentos en que también nos golpean de frente los sobresaltos del mercado petrolero con todo y sus repercusiones.
No está de más insistir en una verdad: la seguridad jurídica y la inversión, son los dos ejes en los cuales las autoridades del país deben fijar sus ejecutorias de corto, mediano y largo plazo, con miras a reactivar nuestra alicaída economía.
TAMBIÉN: Dar marcha atrás a contratos que destruyen seguridad jurídica, piden sectores mayoritarios
