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La inseguridad jurídica atenta contra la inversión, impacta la economía, perjudica las expectativas sociales y debilita el Estado de Derecho.



Esto es lo que han planteado los sectores que han hecho énfasis en lo que ellos llaman “vicios” de los políticos y de grupos económicos que se han aliado para hacer viables contratos “leoninos” por sus consecuencias.



Las negociaciones mal intencionadas traen para Honduras muchos riesgos. Sobre ello han alertado expertos en finanzas, empresarios y desarrolladores de proyectos, cuando han rechazado la operación de una planta de generación de energía a partir del carbón.



Esta iniciativa es parte del grupo Emco, el mismo al que fue adjudicada la administración de Palmerola International Airport, la terminal de Toncontín y la central de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales.



También se le dio en arrendamiento un inmueble en el Puerto de San Lorenzo, Valle, y a otra subsidiaria de Emco fue entregado el servicio de Rayos X de Puerto Cortés.



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Un análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), concluye que el proyecto de la empresa Puente Alto Energy, cuyo costo supera los 650 millones de dólares, es un golpe a la competencia leal y violenta lo que establece la Ley de la Industria Eléctrica; en consecuencia, representa un irrespeto a la institucionalidad de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), y de la Secretaría de Energía.



La Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), ha exigido que se ponga un alto a la concesión de beneficios a sectores particulares en detrimento de la participación de otros grupos que también pretenden arriesgar su capital.



El Consejo Nacional de Inversiones se pronunció porque en el país se haga prevalecer la competencia genuina y legítima, que no es más que hacer que prevalezcan las reglas claras del juego.



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Ha sido una norma que células de políticos se asocien con grupos de poder económico para saltar la barrera de la legitimidad y construir “negocios grises”.



Entre los compromisos que los políticos que han resultado electos para el cuatrienio 2022-2026, sobresale el de hacer una revisión de los contratos que han sido adjudicados al margen de la ley, con los propósitos de destruir la competencia y de menoscabar el Estado de Derecho.

Dar marcha atrás a contratos que destruyen seguridad jurídica, piden sectores mayoritarios

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