Honduras se quedará próximamente sin una de las principales herramientas que ha tenido en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad: el tratado de extradición con Estados Unidos, medida bilateral que estará vigente hasta el viernes 28 de febrero de 2025.
A casi cinco meses de que la presidente Xiomara Castro denunciara el tratado bilateral por supuesta injerencia de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se mantiene la incertidumbre en diversos sectores de la sociedad por el fin de esta medida.
Estos han reiterado que, con tal decisión del Gobierno actual, el país, además de tener múltiples consecuencias en la seguridad, se convertiría en un paraíso para narcotraficantes.
A criterio de la diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, no solo narcotraficantes verán a Honduras como un refugio para librarse de sus delitos, sino criminales de diversos rubros.
"Eliminar la extradición atraerá a muchos criminales al país, no solo narcotraficantes, sino también terroristas, tratantes de blancas y vendedores de órganos. Todos esos delincuentes buscan refugio en países que no tienen tratado de extradición", sostuvo la congresista.
¿Por qué Honduras sería un refugio para narcotraficantes?
Con la finalización de la extradición, los criminales con delitos graves cometidos en o hacia Estados Unidos estarían exentos de ser juzgados por la justicia de dicho país.
Lo anterior, de acuerdo al doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, se asemeja a lo ocurrido en Colombia con el narcotraficante Pablo Escobar, quien junto a los 'extraditables' insistía en eliminar esta herramienta para eludir la justicia norteamericana.
De esa manera, en otra opinión de Mejía, los narcotraficantes -que suelen tener protección política, recordó La Voz de América citando a InsightCrime- solamente tendrían que enfrentar la justicia hondureña en vez de la estadounidense, la cual demostró ser eficaz para perseguir y sancionar a criminales que en Honduras nunca se investigaron.
En base a ello, la organización Cristosal, que tiene sede en Honduras, El Salvador y Guatemala, considera que la derogación de este tratado puede facilitar a criminales a evadir la justicia hondureña, la cual, según la Cespad, "carece de las condiciones básicas para enfrentar y castigar ejemplarmente a las redes criminales de los narcotraficantes".
"La derogación podría facilitar que los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos evadan enfrentar la justicia, comprometiendo así la protección de los derechos fundamentales de las víctimas. Exigimos una revisión urgente de esta decisión", señaló Cristosal.
Por otro lado, diversos expertos han concluido que el tratado de extradición fue eliminado en un intento de proteger a personas particulares, en este caso, vinculadas a la administración actual encabezada por Castro.
"La anulación del tratado de extradición por el gobierno de Castro podría ser un intento de proteger a oficiales gubernamentales clave de ser judicializados en Estados Unidos, y seguramente debilitará la capacidad de ambos países para combatir los grupos criminales transnacionales", analizó al respecto InsightCrime.
"La pregunta que uno se hace es a quién se está protegiendo particularmente", expresó Mejía, por su parte, según EFE.
Consecuencias tras eliminación de la extradición
Otra consecuencia de la finalización del tratado de extradición, de acuerdo al politólogo Napoleón Campos, es que ocasionará que se debilite la capacidad de Honduras y Estados Unidos para combatir los grupos criminales transnacionales.
Por su parte, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó que tal decisión podría afectar la estabilidad democrática e influir en que aumente la impunidad.
Además, el abogado recordó que Estados Unidos es el socio comercial más importante de Honduras, por lo que podría tener consecuencias económicas.
"No hay desconocer el tema del financiamiento y cooperación que recibe Honduras del gobierno estadounidense. Eso afecta directamente a la economía de las familias hondureñas", manifestó.
En tanto, el director de Seguridad de la ASJ, Nelson Castañeda, advirtió que la criminalidad en Honduras podría incrementarse.
Según argumentó, debido al surgimiento de nuevas estructuras criminales y el narcotráfico que operarían sin temor a enfrentar la justicia hondureña.
Extradición en Honduras
El tratado de extradición es un viejo instrumento que data desde el 15 de enero de 1909 (publicado el 13 de septiembre de 1912), aunque estuvo sin vigencia por largas décadas.
Fue hasta enero de 2012 que tuvo efecto luego de que en el Congreso Nacional se reformara el artículo 102 de la Constitución de la República mediante Decreto 269-2011.
Con ello se autorizó de forma excepcional la extradición de hondureños en los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada.
El primer narcotraficante en ser extraditado de Honduras a Estados Unidos fue Carlos 'El Negro' Lobo en mayo de 2024 y, desde entonces más de 50 connacionales reclamados por delitos de narcotráfico en EE. UU. han sido enviados a dicho país.
Entre estos hondureños se encuentra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla; y el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ambos extraditados en 2022 y condenados por delitos relacionados al narcotráfico.
¿Por qué fue eliminado el tratado de extradición?
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó el 28 de agosto de 2024 denunciar el tratado de extradición que Honduras tiene con Estados Unidos al señalar presunta "injerencia" del país de América del Norte, la cual catalogó de "intolerable".
Tras la orden de la máxima autoridad del país, el canciller Eduardo Enrique Reina manifestó que seguiría las instrucciones de Castro.
La molestia de Castro surgió luego de que la embajadora Dogu cuestionara la reunión entre el -entonces- titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel Zelaya; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con funcionarios de Venezuela.
