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Alrededor del fraude gigantesco cometido con la compra de siete hospitales móviles, las preguntas siguen siendo: ¿Hay más autores materiales? ¿Quiénes son los cerebros de este acto de corrupción?



Cobran vigencia estas interrogantes con oportunidad de haber dado inicio el juicio oral y público contra los ex funcionarios de Inversiones Estratégicas (INVEST), Marco Bográn y Alex Moraes.



El Ministerio Público informó que evacuará 58 medios documentales, dos evidencias, ocho pruebas periciales y dos testificales ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Corrupción por dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios.



Además, la Fiscalía propondrá seis nuevos medios de prueba en la etapa de incidentes del juicio por el acto de corrupción más aborrecible del tiempo reciente.



El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobreestimado en 47.5 millones de dólares, cerca de 1,200 millones de lempiras.



Un escrito del Ministerio Público hace énfasis en que las estructuras sanitarias no sólo fueron sobrevaloradas, sino que no cumplen la función de ser útiles para atender a pacientes con covid, debido a que tiene problemas de diseño y sus equipos están vencidos, usados o son disfuncionales.



El hecho de que haya dado inicio el juicio oral y público en este caso, no es garantía de que -al final- se haga justicia y que los responsables no sigan cobijándose en la impunidad.



Tal y como lo reseña el informe del Ministerio Público, los hospitales móviles no han prestado un genuino servicio a la población; contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio nacional.



Por este episodio, únicamente están procesados y han sido llevados a juicio Bográn y Moraes. El intermediario y representante de la empresa Elmed Medical System, Axel López, goza abiertamente de impunidad, pese a que fue girada a la INTERPOL una orden de detención en contra.



No será un triunfo de la justicia hondureña que Bográn y Moraes obtengan una sentencia condenatoria, porque entre la población hondureña persistirá la duda si estos servidores fueron utilizados por personajes de cúpula que hasta ahora permanecieron a la sombra.



La pregunta es si nada más ellos dos son los culpables de haber sustraído 1,200 millones de lempiras para la fracasada, fraudulenta y corrupta compra de siete hospitales móviles.



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Otra incógnita hay que despejar: ¿Dónde están los “cerebros” de este robo consumado en la más calamitosa situación que ha vivido Honduras, a causa de la pandemia de covid-19? Tampoco hay esperanza de recuperar el dinero desviado.



Únicamente los hospitales que están asentados en Tegucigalpa y San Pedro Sula funcionan "a medias". Los de Atlántida, Copán, Choluteca, Olancho y El Paraíso, se encuentran en proceso de conexión, con varios de sus sistemas en prueba, debido a sus múltiples fallas.



El Estado de Honduras ha sido víctima de una "estafa continuada" en la compra, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales móviles.



Estos expertos de las Ciencias Jurídicas y Sociales sostienen que ya no es posible engañar al pueblo hondureño ocultando la verdad. Hay que actuar contra los culpables, a la luz de las evidencias de que se trató de un "engaño", de "un desvío de fondos" y de una "desvergonzada apropiación de los recursos del Estado".



Una es la exigencia: Que se proceda sin vacilaciones en el caso de los hospitales móviles, que ha derivado en una imperdonable limitación y negación del derecho a la salud del pueblo.

Hasta 58 pruebas documentales en juicio por caso Hospitales móviles, pero no hay rastro de autores intelectuales

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