Hasta la saciedad hemos escuchado que los economistas y los defensores de los consumidores que la inflación es el peor impuesto que cae sobre la población.
Esa afirmación nunca fue tan válida como ahora, cuando los precios de los productos y el valor de la contratación de servicios se han incrementado a un ritmo más rápido.
Los reportes del Banco Central apuntan que la variable que mide el costo de vida podría cerrar entre siete y ocho por ciento, el doble de la meta que se había fijado para 2022 y otros expertos son muchos más pesimistas y han advertido que la inflación podría alcanzar hasta dos dígitos.
El índice inflacionario se ha disparado y su peso cae particularmente sobre los segmentos mayoritarios de la población que viven en condición de pobreza, porque no tienen una fuente de ingresos que les permita llevar una vida digna.
No se pueden dejar de lado los factores externos, entre éstos las circunstancias geo-políticas que han incidido en el volátil mercado del petróleo y que presionan el índice inflacionario.
Ciertamente, las actuales autoridades del país -como las anteriores- observan el fenómeno de la inflación y sus consecuencias de una manera muy ligera y superficial.
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Arguyen los funcionarios gubernamentales que han procedido a subsidiar los combustibles y la energía eléctrica, que son dos variables que pesan directamente sobre los precios al consumidor.
Sin embargo, hay que hacer notar que esas medidas no son suficientes para enfrentar el alto costo de vida que cae como una avalancha a los sectores marginales del pueblo.
En otros países se ha planteado un examen a conciencia del encarecimiento de los bienes y servicios que se ha salido de los márgenes permisibles. EE UU piensa centrar su visión en el fortalecimiento del sector agrícola y México propone el desglose de una política de contención de la inflación.
En Honduras, donde no hay generación de empleo y la pobreza se agudiza, la inflación es tomada como un tema marginado. No debería de ser así; tendría que ser tratado dentro de una estrategia para cerrar la brecha social.
La inflación trae como resultado más pobreza y, obviamente, mayor injusticia social. Todo ello se traduce en una explosión de la economía informal, en la ampliación de la masa de desempleados y en un derrumbe de la capacidad adquisitiva de la casi totalidad de los hondureños.
¿O es que no son vistas como un riesgo para la estabilidad en el ejercicio del poder y para la paz social las manifestaciones masivas de diversos grupos que reclaman la construcción de un clima propicio para elevar las condiciones de vida de los hondureños?
