Las autoridades de Honduras alistan un plan integral para intervenir centros educativos del país debido al aumento de delitos en el entorno escolar.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación encabezan esta iniciativa conjunta para frenar el impacto del crimen organizado en la comunidad académica.
Múltiples unidades especializadas de la Policía Nacional articulan acciones preventivas y operativas para devolver la tranquilidad a las aulas.
La estrategia surge tras el incremento constante de denuncias sobre venta de estupefacientes y cobros ilícitos dentro de las escuelas.
Estrategia interinstitucional contra el crimen en las aulas
En tal sentido, el portavoz policial, comisario Cristian Nolasco, confirmó el avance de las coordinaciones a través de mesas técnicas de trabajo.
Diversos organismos estatales colaboran para diseñar las tácticas que aplicarán en las instituciones de enseñanza del país.
"Se han realizado varias reuniones interinstitucionales donde participan diferentes mesas técnicas con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación", detalló Nolasco en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi.
En el despliegue participan la Policía Escolar, la Policía Comunitaria, el programa GREAT y la Dirección de Atención e Intervención Social (DAET).
Además, se suman la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).
Nolasco apuntó que las estructuras criminales instrumentalizan con frecuencia a menores de edad para desarrollar actividades delictivas en los centros académicos.
Al respecto, el comisario advirtió sobre la gravedad de este escenario en el sistema educativo: "Algunas estructuras criminales usan a los menores de edad para distribuir droga, generar miedo o cometer otros delitos", explicó el oficial.
Selección de colegios piloto y participación comunitaria
Así las cosas, los equipos de inteligencia identifican actualmente los institutos que presentan mayores índices de vulnerabilidad.
Sobre ello, las autoridades prevén iniciar una fase piloto en puntos estratégicos del Distrito Central antes de expandir el operativo al resto de departamentos.
"Las intervenciones se van a dar. Estamos focalizando y recolectando la información para ver cuáles son los colegios piloto que se van a escoger para iniciar todo esto", aseguró Nolasco.
El mando policial sostuvo que el éxito del plan requiere el respaldo directo de la comunidad escolar.
Por ello, mantendrán comunicación constante con los gobiernos estudiantiles, docentes y asociaciones de padres de familia.
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Denuncias exponen extorsión interna y redes de microtráfico
Las alertas emitidas por la población aceleraron la creación de este protocolo de seguridad nacional. Las denuncias de padres y vecinos exponen esquemas de extorsión y microtráfico operados dentro de los mismos predios escolares.
"Los ciudadanos ya están comenzando a poner muchas denuncias. Hay niños que trafican con droga o niños que piden dinero al interior de las mismas escuelas cobrando por pasar de un grado a otro", denunció el comisario.
De igual manera, el plan de seguridad contempla investigaciones dirigidas hacia los adultos que trabajan en los planteles educativos. Las fuerzas de seguridad inspeccionarán el comportamiento del personal para descartar redes de complicidad.
"No solamente niños, sino también algunos maestros que en algún momento podamos nosotros detectar que no andan en buenos pasos", advirtió el portavoz.
La Policía Nacional finiquita los últimos detalles de la estrategia de seguridad pública.
Una vez completada la etapa de planificación, los contingentes replicarán las intervenciones en el Distrito Central y en el resto del territorio hondureño.
Extorsión a maestros y escuelas
El asedio de la delincuencia organizada y el cobro de extorsión mantienen en jaque al sistema educativo hondureño, provocando el cierre de colegios privados y el abandono de plazas en ciudades clave como el Distrito Central y San Pedro Sula.
Sobre ese particular, días atrás, el presidente de la Fenieph, Carlos Sabillón, denunció que varias escuelas se han visto obligadas a reubicarse o cancelar sus líneas telefónicas fijas para frenar el acoso de las estructuras criminales.
Esta crisis criminal deja secuelas alarmantes en el magisterio nacional, donde el Conadeh reporta más de 550 docentes víctimas de riesgo o desplazamiento forzado en lo que va del año.
Ante el incremento de las amenazas, el organismo defensor de derechos humanos urgió al Estado a agilizar los traslados de emergencia y fortalecer los esquemas de protección para resguardar la vida de los educadores.
Por su parte, la Secretaría de Educación supeditó la intervención de las fuerzas de seguridad a que los directores de los planteles presenten denuncias formales por escrito, argumentando que aún no registran notificaciones oficiales.
Pese a las discrepancias entre las autoridades y los sectores afectados, existe un consenso urgente sobre la necesidad de ejecutar acciones interinstitucionales para evitar el colapso del año escolar.
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