En 2022, el país dejó de percibir unos 236 millones de dólares al caerse las exportaciones de los productos agrícolas que se cultivaban en las más de 30 mil hectáreas, que según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), habían sido invadidas al mes de abril del año en curso.
En sectores como el de caña de azúcar, palma aceitera y energía, quedaron paralizados proyectos cuyos montos de inversión, sobrepasaban los 50 mil millones de lempiras, y en cuánto a la mano de obra contratada, los inversionistas privados calcularon en unos 15 mil, los empleos directos perdidos.
Toda una tragedia, que se agravó cuando el gobierno de turno prácticamente se hizo de la vista gorda y terminó justificando lo que ha sido a todas luces, un terrible atentado contra la seguridad jurídica, la propiedad privada y el Estado de derecho.
Es que todavía seguimos sin entender cómo estos grupos de invasores, que sin demostrar legitimidad alguna, a vista y paciencia de las autoridades, se metieron a punta de machetes y armas de fuego, a decenas de fincas productivas, expulsando a sus legítimos dueños, paralizando todas las actividades y dejando en la más completa indefensión a más de 43 mil trabajadores indirectos.
Y aunque el dicho aquel reza que "para nunca es tarde", cuando se trata de justificar las reacciones tardías, el daño ya está hecho.
Los productores de leche y de aceite de palma han venido reportando pérdidas diarias por el orden de los 150 millones de lempiras, y sólo en el departamento de Cortés, los más de 500 movimientos de invasores de tierras privadas, han venido generando pérdidas de entre 15 a 20 millones de lempiras diarios.
Y es que a la luz de la evidencia, ni este Gobierno ni los anteriores, lograron siquiera aproximarse a la dimensión de las devastadoras consecuencias que las invasiones de tierras privadas le han dejado al país.
Con la sola creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la Administración Castro debe tener claro que no va resolver el grave problema de las invasiones de tierras.
Ni aún instruyendo a los cuerpos de seguridad del Estado a que ejecuten las órdenes de desalojo inmediato de los invasores, que tienen bajo su poder más de 30 mil hectáreas de tierras privadas, habrá una solución a esta conflictividad que es además de económica y jurídica, social.
No se trata de “pan para hoy y hambre para mañana”. Los productores y ganaderos afectados podrán dormir tranquilos mañana, pero al siguiente día volverán sus pesadillas.
Como ven, el delicado y estructural problema de las invasiones de tierras, va más allá de la integración de una mera comisión y de sólo medidas “apagafuegos”.
Hoy, los problemas de Honduras urgen coherencia y acción, un punto de equilibrio y juiciosa racionalidad, entre ideologías y políticas públicas, para que después no sólo nos toque seguir llorando sobre la leche derramada.
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