El Ministerio Público indicó que a Juan Orlando Hernández, además del delito de fraude, también se le imputa el de lavado de activos por más de 62 millones de lempiras obtenidos de manera ilícita.

Dentro de la acusación, que es una ampliación del caso conocido como Pandora, figura el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.

Además de ellos, el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, todos ellos acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

De acuerdo con la investigación de la Uferco, los delitos ocurrieron entre los años 2010 y 2013.

Según el MP, una supuesta red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.

El expresidente Hernández también conocido con el alias de JOH, su involucramiento se basó en el beneficio obtenido del desembolso de ciertas instituciones públicas a algunas fundaciones.

La Uferco en su investigación encontró que el exmandatario recibió el financiamiento de L62 millones de lempiras para su campaña política, previo a su primera elección como presidente.

A través de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", además a la sociedad mercantil denominada "La Cachureca", así como a sus gerentes de campaña departamentales, fue como Hernández distribuyó los fondos de su campaña.

En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, indica el MP, que a Pepe se le acusa de haber autorizado el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.

En ese sentido, la Uferco determinó en su investigación del caso Pandora II, que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación "Todos Somos Honduras".

Por lo anterior, la Uferco solicitará la citación de algunos imputados y la órdenes de captura y alerta migratoria en contra de los involucrados.

La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de culminar su período presidencial, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste, pese a que el 21 de abril de 2022 fue extraditado a Estados Unidos por la Corte del Distrito Sur de New York, por cargos relacionados al narcotráfico.

Tras las acusaciones de fraude, Pepe Lobo a través de un medio de comunicación nacional, explicó que es inocente y que este nuevo acontecimiento viene de un grupo de poder que quiere hacerle daño a su familia.

Hasta el momento los demás exfuncionarios públicos acusados no han brindado declaraciones.

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