Sandra Barahona, coordinadora de los jueces de ejecución del Poder Judicial, señaló en entrevista con El Informativo del Mediodía, de HRN, Barahona explicó que se están realizando esfuerzos para abordar esta carencia, con la intención de nombrar más jueces de ejecución.

La coordinadora resaltó que han habido diálogos al respecto con presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, para garantizar que cada dependencia cuente con los recursos necesarios para brindar una asistencia adecuada a algunos privados de libertad, quienes, según Barahona, son personas vulnerables.

En ese aspecto, anunció la próxima designación de dos jueces de jurisdicción nacional y la reciente designación de un juez para Francisco Morazán. Estos nombramientos se perciben como medidas paliativas para abordar la sobrecarga de trabajo en los despachos judiciales.

Barahona también abordó el proceso de excarcelación de presos, reconociendo que, aunque el trabajo ha sido arduo y constante, la cantidad de privados de libertad liberados no ha alcanzado los niveles deseados.

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"No solamente es una responsabilidad vinculante a los jueces de ejecución como parte del Poder Judicial, ni tampoco a los defensores públicos como actores del proceso, sino que también hay privados de libertad que en un momento dado, cuando ya se hace un análisis de su cómputo de pena, nos encontramos de que tiene otras causas pendientes", expresó.

Su importancia

En el marco del estado de excepción, vigente en Honduras desde el 6 diciembre de 2023, se destaca la importancia de la asignación de jueces de ejecución, pues algunos detenidos, al no ser sometidos a juicio, son puestos en libertad al finalizar su período de prisión preventiva, misma que puede durar hasta dos años en casos de penas superiores a seis años.

Además, con una población carcelaria que supera en casi 5,000 la capacidad de las cárceles del país, las cuales pueden albergar a unos 15,000, la escasez de jueces de ejecución se presenta como un desafío crucial que requiere atención y acciones inmediatas para garantizar un sistema de justicia eficiente y equitativo en Honduras.

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