Byron René Hernández, juez municipal de Santa Rosa de Copán, acusado de cometer el delito de concusión, junto con el abogado José Carlos Dubón Zaldívar, señalado de cohecho, fueron beneficiados con medidas distintas a la prisión, por lo que se defenderán en libertad por las acusaciones en su contra.
Y es que ambos fueron capturados en flagrancia el pasado miércoles, cuando recibían un presunto soborno de 100,000 lempiras por agilizar la tramitación de permisos de operación para negocios locales.
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, informó que la audiencia inicial del caso está programada para el 18 de noviembre de 2024, momento en el que se presentarán las pruebas mínimas para sostener las acusaciones en contra del juez municipal y el otro imputado.
Entre las diligencias que continuarán, se incluye la inspección de los negocios donde se habrían llevado a cabo estos actos corruptos, así como una investigación adicional en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán.
La acusación contra el juez
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la captura ocurrió cuando el juez y el abogado recibían el pago presuntamente ilícito de los empresarios.
El pago, supuestamente, fue entregado para facilitar permisos de operación y agilizar trámites de negocios en la ciudad occidental de Honduras.
Tras la detención, el juez y el abogado fueron presentados ante un juez, quien, durante la audiencia de declaración de imputado, decidió otorgar medidas distintas a la detención preventiva, permitiendo que ambos se defiendan en libertad.
Investigación sobre la red de corrupción
Por otro lado, la ATIC no solo realizó la captura de los acusados, sino que también llevó a cabo inspecciones en la alcaldía municipal y en los negocios de la localidad, para documentar más pruebas de los presuntos sobornos.
Es así que las investigaciones preliminares sugieren que tanto el juez municipal como el abogado habrían solicitado sumas de dinero a los propietarios de negocios locales para agilizar sus permisos de operación, lo cual compromete la integridad de la administración pública en la región.
