A tres semanas para que se venza el plazo de integración de la Junta Nominadora, lo que se visualiza es una elección caótica de los representantes de los organismos de la sociedad civil.
Se estima que unas dos mil o cuatro mil asociaciones civiles y cada una de éstas va a proponer un candidato propietario y uno suplente. Entre todos ellos serían nombrados los dos delegados ante la Junta Nominadora.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y comunicó la acreditación de la titular de esa entidad, abogada Blanca Izaguirre, y al también profesional del Derecho, Rolando Milla.
El Colegio de Abogados ha convocado a una asamblea que se realizará dentro de dos semanas, con el objetivo de nombrar a quienes representarán ese gremio anta la Junta Nominadora.
Los dirigentes de las organizaciones obreras, la empresa privada, la Corte Suprema de Justicia y los Claustros de Profesores de Derecho de las universidades también preparan la agenda para la designación de sus representantes propietarios y suplentes.
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Académicos, analistas y politólogos, han reafirmado que lo más funesto que puede pasar es que la Junta Nominadora para la postulación de candidatos a magistrados de la corte Suprema sea intervenida y esté sujeta a injerencias de todo tipo.
El ex fiscal y secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, ha reafirmado que la condición que va a garantizar un proceso limpio para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es la veeduría sostenida de todos los sectores.
Alrededor del proceso de conformación de la Junta Nominadora y sus atribuciones para evaluar a los postulados, se ha advertido la promoción de una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones miembros, aun y cuando aún no han sido nombrados la totalidad de sus miembros.
Las organizaciones que forman parte de la Junta Nominadora tienen hasta el 31 de agosto para acreditar a sus miembros propietarios y suplentes. En la primera quincena de septiembre se realizará su juramentación.
La fase preparatoria tendría que desarrollarse entre el 16 de septiembre y el 14 de octubre, mientras que la convocatoria y la recepción de propuestas está programada entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre.
La evaluación de las postulaciones debe ocurrir entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre. Las pruebas de confianza y las investigaciones serán aplicadas del 16 de diciembre al 14 de enero de 2023.
El 15 de enero de 2023 será remitida a la Cámara Legislativa la lista de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de un informe que contenga la evaluación de méritos personales y profesionales, así como las descalificaciones, inhabilidades e incompatibilidades de quienes no fuesen incorporados.
Ahí será cerrado un capítulo de la institucionalidad del país, amenazada por los sectores que están interesados en corromper la elección de los magistrados. Todo dependerá de la vigilancia que mantengan los sectores que propugnan por un Poder Judicial independiente.
