El analista hondureño, Oliver Erazo, afirmó que no existe fundamento legal para que el Gobierno de Honduras utilice recursos públicos con el fin de indemnizar a los más de 35,000 afectados por el esquema financiero de Koriun Inversiones, lo que ha generado una creciente polémica nacional.

De forma contundente, Erazo aseguró que el Estado estaría incurriendo en múltiples violaciones legales si destina dinero del erario para reparar las pérdidas causadas por una empresa privada no regulada.

"El delito se cometió por omisión de la institucionalidad hondureña, al no cumplir con sus responsabilidades de supervisión. Eso está claramente acreditado. No hay duda de ello", declaró Erazo en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi.

"Ahora quieren subsanar esa omisión devolviendo dinero a los afectados, pero no desde su propio patrimonio, sino del pueblo hondureño. Eso es delicadísimo. No hay fundamento legal para hacerlo", agregó el experto.

Cuestionamiento a los procesos, ¿en qué delitos incurrirían?

Además, el analista advirtió que esta propuesta refleja una "estrategia de polarización" que busca generar caos e incertidumbre entre los ciudadanos.

De igual manera, cuestionó también el accionar del Ministerio Público (MP), que recientemente presentó un requerimiento fiscal que, según él, carece de solidez jurídica.

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"No es una empresa estatal. Es una iniciativa privada que debió operar dentro del marco jurídico. ¿Dónde estuvo la institucionalidad todos estos años?", cuestionó Erazo.

"Este intento de indemnización sería abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y una violación directa a los deberes de los funcionarios", sentenció.

'No se puede garantizar lo que no se reguló'

Por su parte, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, reconoció que el caso es “bastante sensible”, pero enfatizó que Koriun Inversiones no estaba autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sino únicamente a nivel municipal.

"La gente puso su dinero 'a la buena de Dios'. Esta empresa no estaba regulada. Por eso no se pueden garantizar muchas de las acciones que la gente demanda", indicó Vaquero a medios de comunicación, quien a su vez confirmó que el gobierno está diseñando una estrategia para ayudar a los afectados a recuperar sus fondos.

Asimismo, Vaquero aclaró que es necesario determinar hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y dónde comienza la obligación de la empresa.

"Aquí la que ha fallado es la empresa, no el Estado. Habrá que identificar a los inversionistas y que sean ellos quienes respondan", agregó.

Redondo anuncia indemnización con fondos públicos

La controversia escaló ayer cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció en sesión legislativa que el Estado utilizará fondos públicos para indemnizar a las víctimas de Koriun Inversiones.

Según el diputado, la presidenta Xiomara Castro ha dado instrucciones en ese sentido "si no se logra recuperar el dinero".

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Al respecto, Redondo argumentó que este caso evidencia la urgencia de reformar el marco legal para prevenir estafas similares, y anticipó que ya se trabaja en una nueva legislación para restituir tipos penales eliminados en el actual Código Penal.

"Esto nos obliga a reformar la ley y devolverle al Código Penal los delitos que fueron eliminados por el Congreso anterior. Estamos preparando la legislación correspondiente", señaló el titular del Legislativo durante la sesión del miércoles.

El caso Koriun Inversiones

El Ministerio Público aseguró el 23 de abril las instalaciones de Koriun Inversiones en Choloma, Cortés, tras confirmar que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, prometiendo rentabilidades semanales del 5%.

El presunto fraude habría afectado a más de 35,000 personas, en su mayoría empleados de maquilas y pequeños comerciantes.

Las autoridades vinculan la operación a una red criminal organizada, y consideran que representa un riesgo para la estabilidad financiera del país. La incertidumbre ha generado manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras en la zona norte, afectando el tránsito comercial hacia Puerto Cortés.

Es así que en los últimos días, cientos de inversionistas se han movilizado a las instalaciones de la empresa para presentar documentos que respalden sus depósitos, con la esperanza de recuperar su capital.

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