La ONG Human Rights Watch (HRW) señaló el jueves (13.01.2022) que el crimen organizado violento continúa afectando a la sociedad de Honduras y que "la impunidad sigue siendo la norma" en el país centroamericano.
"La impunidad sigue siendo la norma. Los esfuerzos para reformar las instituciones de seguridad pública se han estancado. Empañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la Policía siguen en gran medida ineficaces", indicó HRW en su Informe 2021.
El informe señala que la violencia criminal continua obligando a muchas personas a abandonar el país y que, periodistas, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), y las personas con discapacidad, figuran entre los grupos afectados.
Añade que el apoyo y recursos de una misión de cuatro años de la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, concluido en enero de 2020, no produjo reformas duraderas, y que los fiscales anticorrupción han quedado indefensos.
Pandillas responsables en parte de la violencia
Según HRW, la violencia de las pandillas, con un número entre 5,000 y 40,000 elementos activos, está muy extendida en las zonas urbanas y sus alrededores.
"Las pandillas ejercen control territorial sobre algunos barrios y extorsionan a los residentes en todo el país. Reclutan niños a la fuerza y abusan sexualmente de mujeres, niñas y personas LGBT. Las pandillas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes resisten", agrega el estudio.
También señala que la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18 (Barrio 18), consideradas en gran medida responsables de la tasa de homicidios de Honduras y "famosas por la extorsión y el tráfico de drogas".
"Aunque Honduras ha reducido su tasa de homicidios a la mitad desde 2011, sigue siendo una de las más altas del mundo, con 44.8 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2019", subrayó HRW.
Indicó además que las instituciones estatales débiles y los abusos de las fuerzas de seguridad han contribuido a la persistente violencia de las pandillas, y que ha habido reiteradas denuncias de colusión entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales.
Deficiencias del sistema penal
Según la misma ONG, el sistema de justicia penal hondureño por lo general no hace rendir cuentas a los responsables de delitos y abusos, y los jueces se enfrentan a la interferencia, incluida la presión política, las amenazas y el acoso, del poder Ejecutivo, actores privados con conexiones con el Gobierno y pandillas, mientras que los fiscales y los denunciantes han recibido amenazas de muerte.
"La Corte Suprema, en particular su presidente (Rolando Argueta), ejerce un control excesivo sobre el nombramiento y destitución de los jueces, y la inestabilidad de carrera limita la independencia de los jueces", afirmó Human Rights Watch.
Destacó que en enero de 2020 el Gobierno cerró la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la OEA y se había establecido en el país en 2016.
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La MACCIH en Honduras
La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos congresistas y altos funcionarios, 14 de los cuales fueron juzgados, pero desde que la Misión se fue, la Fiscalía General ha hostigado e intimidado al jefe de su propia oficina de empresas criminales anticorrupción, el fiscal Luis Javier Santos, y a miembros de su equipo. Organismos internacionales, Estados Unidos y Reino Unido han expresado su apoyo al trabajo de Santos", señaló HRW.
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "estimó una tasa de impunidad del 90 % para los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Honduras", y recibió información sobre frecuentes amenazas de demandas y procesamientos, incluso por calumnias e injurias, que obstaculizan el trabajo de derechos humanos en Honduras".
"En agosto, un exdirector de la empresa hidroeléctrica hondureña DESA fue condenado por organizar el asesinato en 2016 de la defensora de los derechos ambientales e indígenas Berta Cáceres, quien se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque", indicó HRW.
Sobre el informe
El informe también se refiere a la muerte de periodistas, el desplazamiento interno, la migración y el asilo que cada año buscan miles de hondureños, situación que se incrementó luego del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, en noviembre de 2020.
Human Rights Watch indicó además que las personas LGBT son frecuentemente objeto de discriminación, extorsión y violencia por parte de las pandillas, la Policía Nacional Civil y la Policía Militar, y miembros del público, y que la discriminación también es común en las escuelas, el lugar de trabajo y el hogar.
"La violencia contra las personas LGBT desplaza internamente a muchos y obliga a otros a abandonar el país para buscar asilo", destaca entre otras cosas el informe de la misma organización.
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