La rendición de cuentas y la promesa fallida de la CICIH: Suele ocurrir así, cada vez que entra en funciones una administración gubernamental. En el caso nuestro, los compromisos asumidos por el mandatario Asfura despiertan mayores esperanzas o incertidumbres, porque venimos de un período en el que primaron los discursos ideológicos y la narrativa de confrontación.
Honduras quedó aprisionado entre los giros a la izquierda en las relaciones exteriores, el populismo, la inestabilidad política, la incoherencia fiscal, la postración económica y el debilitamiento institucional.
La rendición de cuentas y la promesa fallida de la CICIH
Y aunque el mandatario Asfura y el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, han declarado una y otra vez que en nuestro país se acabaron las divisiones, los abusos de poder, las violaciones a la Constitución y a las leyes y que hemos entrado en una “era de cambios”, nos ha puesto en alerta que sus discursos hayan incluido líneas muy débiles sobre la rendición de cuentas.
Tampoco hemos escuchado posturas más firmes ni compromisos convincentes sobre la llegada CICIH, que fue una de las principales promesas incumplidas y uno de los fracasos más grandes del Gobierno de la refundación.
Los compromisos del Poder Ejecutivo y de la Cámara Legislativa están enfocados en una gestión abierta con acceso a la información sobre las acciones de los diputados y de los funcionarios de la Administración Central y Descentralizada.
¿Debemos interpretar que la instalación de un mecanismo anticorrupción en Honduras seguirá siendo un asunto para el olvido y que el bipartidismo que resultó potenciado con el voto mayoritario del pueblo hondureño no está dispuesto a abrirlo al debate?
Porque fueron los mismos políticos, muchos de ellos reelectos como congresistas para los próximos cuatro años quienes maquinaron la salida de la MACCIH y la convirtieron en una misión fallida.
Es imperioso que todos los sectores elevemos nuestra voz para demandar una auditoria y fiscalización del quehacer público y una persecución verdadera de los corruptos que ocasionan una pérdida de por lo menos 3,000 millones de dólares al año.
Está probado que las instituciones del Estado han sido muy contaminadas y su estado es frágil; no están provistas de las herramientas para llevar a efecto una cruzada contra la deshonestidad y la falta de ética y moral pública. El Ministerio Público se politizó y el Poder Judicial mediatizó la impartición de la justicia.
Esperemos que la administración Asfura entre en pleno desarrollo para medir el grado de compromiso de perseguir el delito de la corrupción, de depurar la “cosa pública” y de adoptar la rendición de cuentas como uno de los pilares del Gobierno.
¿Menos ideología y más resultados? ¿Existe una intención genuina de gestionar una guerra contra la corrupción desde un mecanismo de apoyo; vale decir la CICIH?
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