Para los referentes de opinión pública, las estimaciones oficiales sobre los principales indicadores económicos no son reales, son una fantasía que no reflejan las graves dificultades que ha comenzado a enfrentar el país.
Los cuestionadores de la forma cómo son conducidas las acciones para darle respuesta a la presente contingencia dicen que las proyecciones acerca del crecimiento de la economía y otras variables son “muy optimistas”.
El gobierno ha previsto que al término de este año el Producto Interno Bruto (PIB) caerá entre 7 y 8 por ciento; sin embargo, observará un crecimiento de 4.5 por ciento en 2021.
En los años precedentes, la economía ha mostrado una evolución promedio de tres por ciento. De ahí que los conocedores se pregunten: ¿Cómo es que el país crecerá en casi cinco por ciento en tiempos de crisis si no llegó a esos niveles en circunstancias normales; es decir, sin pandemia?
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Un documento formulado por la Secretaría de Finanzas y llamado “Lineamientos de Política Presupuestaria 2021-2023”, prevé para el ejercicio fiscal del año próximo un crecimiento entre cuatro y 4.5 por ciento, un Producto Interno Bruto nominal de 689 mil millones de lempiras, una devaluación de cinco por ciento y una inflación entre tres y cinco por ciento.
En ese informe se establece como uno de los objetivos centrales la puesta en marcha de medidas de contención y reasignación del gasto como parte de una disciplina presupuestaria.
Es necesario crear un espacio para el gasto relacionado con la atención de la crisis y facilitar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal con alcance a 2022 sin descuidar el gasto social y la inversión en infraestructura a mediano plazo.
La crisis derivada de la pandemia se explicapor una disminución de la actividad productiva, la caída de los precios internacionales, la interrupción de las cadenas de valor, la menor demanda de servicios de turismo, la reducción de las remesas y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
En tal razón, las medidas para revertir los efectos de la emergencia sanitaria deberían estar dirigidas a los sectores de desarrollo económico, infraestructura productiva, progreso social, prevención y seguridad y gobernabilidad y fortalecimiento institucional.
