En lo que se puede considerar un acto de “muy mala voluntad en perjuicio de la democracia”, un sector de los políticos ha entrado en contubernio para darle un zarpazo a las leyes que tutelan la fiscalización de los recursos que son canalizados para las actividades proselitistas.
Sectores interesados se han unido para retorcer la normativa que salvaguarda la transparencia en el manejo de los recursos invertidos en la actividad política. La Ley de Transparencia y Política Limpia ha sido reformada.
Es sintomático que los cambios introducidos están orientados a favorecer a aspirantes que han enfrentado problemas con la justicia en el país y en el extranjero.
De todos es conocido que la enmienda en referencia, le ha abierto la puerta a ciertos aspirantes que no estaban habilitados, por su situación jurídica, para gestionar la apertura de una cuenta en el sistema bancario nacional para los propósitos de auditoría de los fondos puestos en circulación para promover tal o cual candidatura, como lo mandan las leyes.
En lo sucesivo, será posible que los perfiles en el sistema financiero local sean creados en nombre de los representantes financieros de la candidatura de que se trate.
Con ello se ha dado un revés a todos los avances que se habían alcanzado para los fines de evitar la infiltración de personajes de oficio dedicados a las apuestas políticas con dineros provenientes del crimen organizado.
¿A qué límites puede llegar la ambición de nuestros políticos? Esa pregunta se desprende de los cambios aprobados, en razón de los cuales la responsabilidad sobre la gestión de recursos de dudosa procedencia no recaería enteramente en el sujeto obligado, sino en la institución partidaria por la que éste fuese postulado.
A todas luces, nos encontramos frente a un "golpe bajo" a los esfuerzos para adecentar los menesteres político-partidaristas y desbaratar los propósitos de las asociaciones ilícitas de tener incidencia en la institucionalidad hondureña.
Es una pena que un sector de la política hondureña esté a merced de las tóxicas redes dedicadas a debilitar los cimientos democráticos y a debilitar las bases del Estado de Derecho.
En Honduras el descrédito de la clase política se ha ido profundizando y, con ello, la pérdida de la legitimidad de los procesos de consulta popular.
No hemos comenzado con pie derecho la campaña política con miras a las justas primarias y generales de este año.
Se ha interpretado con fines espurios la Ley de Transparencia y Política Limpia, en un momento histórico, cuando los hondureños demandamos una renovación de nuestra generación de líderes y dirigentes para revitalizar las credenciales de un proyecto de país en tiempos de una crisis sin precedentes.
El llamado es para que nuestros políticos reflexionen sobre los riesgos a que se enfrenta nuestro andamiaje institucional.
¿O es que ya le apostaron nuestros líderes a la destrucción de nuestra democracia?
¡Que sean privilegiadas las leyes, que se imponga el castigo a la corrupción y que se dé paso a una cruzada por la política limpia, la democracia participativa y el fortalecimiento del poder de las mayorías!
Además: Luis Zelaya: Ley de Política Limpia fue reformada para favorecer a un aspirante del Partido Liberal
