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Con el voto de cinco legisladores y la abstención de dos de sus miembros, el CAL calificó la validez del pedido de juicio político de censura contra el mandatario ecuatoriano, quien ha sido acusado de concusión y malversación en un presunto caso de corrupción en empresas públicas.



El trámite del proceso de censura abierto por la oposición pasará a la Corte Constitucional, organismo que deberá certificar la legalidad, si se ciñe a la Carta Magna, y podrá admitir o no el juicio contra el mandatario.



La Corte Constitucional tiene un plazo de seis días para emitir un dictamen de "admisibilidad" del proceso remitido por el CAL que, en caso de ser favorable, dará paso a que el Parlamento continúe con el trámite del juicio político, según señaló el legislador opositor Darwin Pereira.



Remarcó que este es sólo un paso y que, si incluso el Constitucional diera luz verde al juicio político, la petición aún debe pasar por el filtro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, antes de ir a debate en el pleno del Parlamento.



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De su lado, la legisladora oficialista, Nathalia Arias, hizo notar algunas dudas sobre el trámite del proceso político y dijo confiar en que la Corte Constitucional observará el debido proceso.



Según Arias, en el trámite de fiscalización parlamentaria "se debe garantizar el debido proceso de principio a fin", pues lo contrario "puede exponer el proceso a la nulidad" en cualquier momento.



El pedido de juicio contra Lasso ha sido presentado por grupos de oposición que hacen mayoría en la Asamblea, con base a un informe presentado por una comisión legislativa que investigó el denominado caso "Encuentro" o "Gran Padrino", que involucró a personas cercanas a Lasso y al Gobierno.



Dicha comisión recomendó a la Asamblea que interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del Presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico.



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<h4>Amparo constitucional</h4>



El pedido de juicio político en contra de Lasso se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de censura al mandatario por delitos "contra la seguridad del Estado" o por "concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito".



El Gobierno criticó en su momento el informe de la comisión parlamentaria, de mayoría opositora, y lo calificó de un "mamotreto" sin "pies ni cabeza".



El trámite del juicio político contra Lasso se produce en un momento en que su Gobierno luce aparentemente debilitado tras haber encajado un duro golpe político el pasado 5 de febrero, cuando fue derrotado por la oposición en un referéndum promovido por el Ejecutivo y, al mismo tiempo, el correísmo ganó las elecciones locales.



En junio de 2022, Lasso ya había salvado por pocos votos una moción para destituirlo en medio de unas duras protestas lideradas por el movimiento indígena.



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