Es una costumbre en Honduras que los funcionarios que ostentan cargos de relevancia se desvíen de sus prioridades y se enfoquen en propuestas absurdas que nada más acarrean perjuicios económicos y sociales.
Una de tales iniciativas es la que está enrumbada a derogar la Ley de Empleo por Hora que, desde su puesta en vigencia en 2014, ha permitido que cerca de un millón de hondureños se acojan a su régimen y obtengan ingresos elementales para su sostenimiento y el de su familia.
La intención de dejar sin efecto dicho cuerpo normativo no es consecuente con la apremiante necesidad de crear más puestos de trabajo en un país donde la mayoría de la población es pobre, la economía está casi postrada y los márgenes para producir riqueza son estrechos.
No comprendemos por qué hay empecinamiento en destruir una modalidad de trabajo que ha beneficiado a empresarios, pequeños emprendedores y, especialmente, a decenas de miles de compatriotas que han encontrado oportunidades para ganarse la vida honesta y dignamente.
Tampoco entendemos cuál es el objetivo que persiguen los personajes que salen a la luz pública con semejantes “ideas descabelladas”.
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Porque la eliminación de la Ley de Empleo por Hora condenaría al total “desamparo” a cerca de un millón de personas que quedarían desocupadas, como si no tuviésemos suficientes compatriotas en adversidad por no tener acceso a una actividad económica para subsistir.
En Honduras casi tres millones de personas tienen dificultades de diversa especie en materia laboral, el desempleo creció en cinco puntos al tenor de la caída de la economía durante la pandemia y aproximadamente un millón de personas integran el segmento de los "desalentados", que son aquéllos que están desocupados y que ya no buscan remuneración a causa de que perdieron toda esperanza de encontrarla.
Anualmente unas 250,000 personas se suman a la multitud que demanda una oportunidad de trabajo, pero son más las plazas que se cierran.
No es por pura eventualidad que la pobreza pasó de 60 a 70 por ciento en sólo un año, a raíz de la urgencia sanitaria. Son los que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades.
Haciendo acopio de nuestra memoria histórica, en el Gobierno anterior fue lanzado el Plan 20/20, dirigido a darle vida a alrededor de 600,000 empleos en cinco años. Al final, este compromiso no tuvo cumplimiento; quedó resumido en muchos discursos y en una intensa propaganda política.
Necesitamos respuestas inteligentes, viables y sensatas al enorme dilema del desempleo, que es una de las deudas más caras de los gobiernos anteriores y uno de los retos de primer orden de la actual gestión.
Estamos convencidos que no es la mejor alternativa destruir los esquemas que tenemos vigentes, como es la Ley de Empleo por Hora, y que han contribuido a aliviar el problema del desempleo, ligado directamente con la pobreza.
