Graco Pérez, analista en relaciones internacionales, sostuvo que la presentación de la Ley Dignidad representa una última posibilidad concreta para miles de migrantes hondureños y centroamericanos.
"Definitivamente, es la mejor oportunidad para quienes están en situación irregular. Aunque aún debe pasar por ambas cámaras y contar con la firma del presidente Trump, este es un momento clave que no se debe desaprovechar", declaró Pérez en entrevista para noticiero Hoy Mismo de TSi.
Pérez enfatizó que muchos migrantes ya cumplen los requisitos preliminares: entre ellos, la permanencia en Estados Unidos durante al menos cinco años, el cumplimiento fiscal y la ausencia de antecedentes penales.
A su juicio, el proyecto ofrece “una luz” en un contexto donde las opciones se reducen a la deportación o a seguir viviendo en la sombra.
Detalles del proyecto y su aplicación
Por su parte, la abogada Marcela Caro detalló que esta es la segunda vez que la Ley Dignidad es presentada, ahora con una estructura más robusta y con el respaldo de aproximadamente el 40 % del Congreso.
"Esta versión fue afinada con apoyo técnico de abogados de migración del Senado y la Casa Blanca. No solo busca regularizar el estatus de millones de personas, sino también fortalecer las políticas internas, como la economía y la seguridad fronteriza", indicó Caro a La Tarde de HRN y TSi.
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Asimismo, explicó que la propuesta beneficiaría principalmente a quienes llegaron al país antes de 2020.
Los Dreamers, personas amparadas bajo DACA, y los titulares de TPS podrían acceder a una residencia temporal de 10 años. Posteriormente, podrían solicitar la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía.
Sin embargo, el proceso tiene un costo: el pago de 7,000 dólares -poco más de 184,000 lempiras- en un plazo de siete años, equivalentes a 1,000 dólares por año -unos 26,300 lempiras-.
Marcela Caro hizo un llamado a las comunidades latinas en Estados Unidos para que contacten a sus congresistas y senadores y soliciten apoyo para la ley.
"Llamen, escriban, insistan. Esta podría ser la última oportunidad bajo esta administración para conseguir una solución digna y legal para millones de personas", concluyó.
Un respaldo creciente, pero decisivo a la Ley Dignidad
La reintroducción de la Ley Dignidad en el Congreso de Estados Unidos ha abierto una ventana de esperanza para millones de migrantes en situación irregular, especialmente para quienes cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Dicho proyecto ha sido recibido como una medida bipartidista que, según sus promotores, busca una “solución salomónica” a la crisis migratoria. El apoyo de Salazar y Escobar refleja una coalición poco común entre republicanos y demócratas en torno a la política migratoria.
La iniciativa también contempla una inversión de 35,000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, lo que podría allanar el camino para que sectores conservadores respalden su aprobación.
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