El Ministerio Público (MP) de Honduras indicó en un comunicado que Lorgio Mejía se presentó este jueves con sus abogados ante un juzgado en Tegucigalpa, donde se celebró la audiencia de primera declaración del imputado.

El juez con jurisdicción nacional dictó el "arresto domiciliario" de Mejía, aceptó una "caución hipotecaria de una vivienda valorada en 5 millones de lempiras (203,376 dólares)" y fijó la audiencia inicial para el próximo 8 de agosto.

El Ministerio Público obtuvo el pasado 8 de junio un fallo de extinción definitiva del dominio sobre dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias de Lorgio Mejía y su esposa, Wendy María Castro.

El ente acusador precisó que, según análisis económicos realizados al comisionado, "no se justifican más de 17 millones de lempiras" en su patrimonio entre 2012 y 2017.

En el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial figuran seis policías activos y tres que fueron cesados, todos acusados por asociación ilícita y cohecho, delitos por los que también es acusado un comisario depurado, añadió.

Además, su ex esposa Denisse Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y se le decomisaron siete cuentas bancarias.

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Entre 2012 y 2015 miembros de la Policía hondureña asignados al departamento de Choluteca, en el sur del país, fronterizo con Nicaragua, "solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos", precisó el organismo investigador.

"Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca", según la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los pagos se realizaban "en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (Agach)".

 "Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI)", agregó el Ministerio Público.

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