El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos afirmó que el requerimiento fiscal presentado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) "crea un funesto precedente" para la independencia y autonomía de los órganos encargados de la justicia electoral en Honduras.
Según sostuvo Barrienteos en entrevista para Detrás de la Noticia (DDN), de HRN y TSi, los magistrados del TJE, Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, no pueden ser procesados directamente mediante un requerimiento fiscal sin que antes se promueva un juicio político en el Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución para altos funcionarios del Estado.
"Requerir a estos magistrados violenta la autonomía del órgano jurisdiccional en materia electoral. Mañana, cuando no les parezca una sentencia del Poder Judicial, bastará con que el Ministerio Público presente requerimientos. Esto abre la puerta a la persecución institucionalizada", declaró Barrientos.
Además, el abogado explicó que, en caso de continuar el proceso, corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar a un juez natural, seleccionado por el pleno de magistrados, para determinar si admite o no la causa.
Sin embargo, sostuvo que el procedimiento es complejo y que el tiempo previo a las elecciones es reducido, por lo que "lo más sano sería que la Corte no admita el requerimiento".
Relacionado: Por este motivo, MP presenta requerimiento fiscal contra magistrados del TJE
'Persecución política': Antonio Rivera
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, calificó el requerimiento como una "persecución política" que podría buscar modificar la conformación del TJE a pocos días de las elecciones.
Afirmó que existe el riesgo de que se pretenda suspender o inhabilitar a los magistrados del TJE para posteriormente nombrar sustitutos que favorezcan al partido de gobierno.
Asimismo, Rivera insistió en que la designación del juez natural debe hacerse por el pleno de la Corte Suprema y no por decisión de su presidencia, y advirtió que cualquier actuación fuera de ese procedimiento sería "arbitraria e ilegal".
Relacionado: Declaran inadmisible solicitud de antejuicio contra magistrados del TJE
Piden 'preservar la institucionalidad'
Por otro lado, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), advirtió que los requerimientos fiscales contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representan una seria amenaza a la estabilidad democrática del país.
A través de un posteo en X, Solórzano señaló que, de concretarse medidas como la privación preventiva de libertad, el TJE podría quedar prácticamente disuelto, al no contar con los magistrados necesarios para conformar quórum según la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
En la misma línea, Solórzano también destacó la gravedad política del escenario, ya que el Congreso Nacional enfrenta una crisis institucional que impide nombrar nuevos magistrados.
En vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre, advirtió que debilitar el órgano electoral podría dejar al país sin instancia competente para resolver controversias, generando un vacío jurídico y político que comprometería la democracia y la transparencia del proceso electoral.
El requerimiento del Ministerio Público
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales presentó requerimiento fiscal por el delito de prevaricato judicial contra los magistrados del TJE, Mario Flores y Miriam Barahona.
Según la investigación, los magistrados habrían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, pese a que las resoluciones se habrían tomado sin el quórum completo del Tribunal y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
El Ministerio Público sostiene que el 27 y 28 de octubre los magistrados emitieron decisiones que implicaron una recusación mal tramitada y una sentencia definitiva sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, lo que, a criterio de la Fiscalía, invalida la actuación y constituye una resolución contraria a derecho.
La Corte Suprema de Justicia previamente declaró inadmisible una solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía, al determinar que los magistrados del TJE no gozan de ese mecanismo procesal.
Ante ello, la Fiscalía optó por formalizar el requerimiento para que el caso sea conocido por juez natural.
Siga leyendo: ¿Hasta cuándo estará el frente frío en Honduras? Prevén temperaturas de 12 grados
