Los tribunales de justicia de Honduras dictaron un sobreseimiento definitivo a favor de cuatro ciudadanos, quienes habían sido acusados de planificar un presunto atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Tras abandonar las instalaciones judiciales con sus cartas de libertad, los ciudadanos y su defensa denunciaron irregularidades procesales.

Pruebas declaradas ilícitas por la corte

Al respecto, la abogada defensora Doris Imelda Madrid ratificó que la resolución judicial fue contundente al examinar el expediente.

Según la togada, el tribunal superior calificó la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía como ilícita.

"La corte fue contundente en el contenido sobre la probanza; la valoración de la prueba fue catalogada como ilícita", indicó Madrid en entrevista para los medios de comunicación.

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Derechos reinvindicados, según los acusados

Por su parte, uno de los ciudadanos liberados, Carlos Katán, enfatizó su inocencia durante todo el litigio judicial.

Con sus documentos en mano, Katán criticó duramente las acciones ejecutadas por el ente acusador del Estado.

"Definitivamente, siempre fuimos inocentes; nunca, nunca, nunca hubo pruebas contra nosotros. Todo lo que se hizo fue ilegal de parte de la Fiscalía y de los juzgados", expresó.

Asimismo, el ciudadano Arcadio Corrales calificó el proceso original como un absurdo jurídico.

Corrales destacó que el fallo de la Corte de Apelaciones reivindica sus derechos y les devuelve la paz.

"Totalmente, totalmente absurdo, porque cómo es posible de que nos acusaron de este problema que tenemos. Lo que nos interesa ahorita es tranquilidad, estar en paz y seguir con nuestros quehaceres diarios", manifestó.

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Antecedentes del polémico caso en Honduras

El proceso penal inició en agosto de 2025, cuando el -entonces- fiscal general, Johel Zelaya, denunció un supuesto plan para atentar contra el exmandatario Manuel Zelaya Rosales.

A raíz de esa denuncia, el Ministerio Público ejecutó capturas bajo los cargos de supuestos actos preparatorios de terrorismo.

Durante el proceso, la Fiscalía intentó sostener los cargos con supuestas evidencias digitales y conversaciones intervenidas.

Sin embargo, la defensa técnica interpuso recursos de apelación que demostraron la vulneración de garantías y la inexistencia de pruebas válidas.

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