La diputada del Congreso Nacional de Honduras, Maribel Espinoza, reiteró el lunes (07.03.2022) que se debe reformar el decreto de amnistía política para evitar reclamos de inconstitucionalidad por favorecer a personas acusadas por corrupción.
Espinoza aseguró que el Partido Salvador de Honduras (PSH) en ningún momento se ha mostrado de acuerdo con que se conceda libertad a los culpables de corrupción bajo la amnistía política.
A su vez, la legisladora declaró que la aprobación de la amnistía "era indispensable por los 12 años de persecución del gobierno nacionalista y por algunos hechos relacionados con 2009 (golpe de Estado)".
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Además, era una deuda ratificar el Acuerdo de Cartagena, razón por la que el PSH acompañó el decreto, pero "preocupa que no se tuvo cuidado para definir un delito político y un delito conexo".
"Ese vacío legal ha provocado confusión y es peligroso que algunas personas se aprovechen y que los jueces no apliquen la ley de conformidad y otorguen amnistía a quien haya cometido delitos de corrupción", expresó Maribel Espinoza.
Justicia para perseguidos políticos
Por su parte, el viceministro de la Reforma Agraria en Honduras, Rafael Alegría, dijo que la amnistía política pretende hacer justicia porque ha habido represión contra movimientos sociales y contra militantes del partido Libre, pero no es correcto que se utilice para beneficiar a los culpables de delitos penales.
Para Alegría el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, beneficiado con la amnistía, sí ha sido un perseguido político, pero evitó opinar sobre el beneficio que se le dio también al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, quien recibió condenas por delitos contra la administración pública.
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