La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) del Ministerio Público (MP) solicitó penas de entre 1,260 y 1,273 años de prisión para 15 integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes fueron declaradas culpables por su participación en la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, en Francisco Morazán.
El ataque resultó en la muerte de 46 mujeres privadas de libertad y conmocionó a la sociedad hondureña.
En ese sentido, el Ministerio Público, según un comunicado, presentó su solicitud ante el órgano jurisdiccional, con penas que varían según el grado de culpabilidad de cada implicada.
Y es que las acusadas enfrentan cargos por asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Penas solicitadas para las principales acusadas
Entre las acusadas más relevantes por la masacre en Támara, se encuentran Heidy Jackeline Palma Rivera alias "La Suicida", Leyla Rosmeri Figueroa Pavón alias "La Pichingón" y Francis Margarita Chavarría Ávila. Estas tres mujeres enfrentan una pena de 1,260 años de prisión.
A ellas se suman otras pandilleras como Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares alias "La Nena", y María Cristina Cálix Salinas alias "La Fuga", entre otras.
Por otro lado, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana alias "La Tafi" y Karen Lorena Ávila Pavón alias "La Flaca Ávila" también están incluidas en las peticiones de pena por delitos similares. Estas acusadas podrían enfrentar penas de 1,265 años de prisión.
Penas más severas para algunas implicadas
Por su parte, las acusadas Claudia María Lemus Aceituno alias "Saico" y Susana Godoy Leiva alias "La Buller" enfrentan penas aún más severas, con una solicitud de 1,268 años de cárcel.
Finalmente, la pena más alta de 1,273 años de prisión ha sido solicitada para María del Carmen Contreras Castillo, quien fue condenada por los delitos de asociación para delinquir, asesinato y porte ilegal de municiones de uso prohibido.
La masacre en Támara
El 20 de junio de 2023, a las 7:45 de la mañana se desató una tragedia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Según las investigaciones, las acusadas, que se encontraban en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego, objetos contundentes y armas prohibidas para someter a las autoridades penitenciarias.
Este ataque permitió que sustrajeran las llaves del penal y accedieran a otros módulos donde se encontraban las reclusas.
Simultáneamente, otros grupos de pandilleras se dirigieron hacia los módulos 1 y 4, donde rompieron los candados de seguridad y perpetraron el ataque. Las armas utilizadas en el ataque incluyeron pistolas de diversos calibres, fusiles y subametralladoras, algunas de ellas pertenecientes a la Policía Nacional.
Coordinación criminal y fallas en la seguridad
Al respecto, las investigaciones también han revelado que las armas utilizadas en el ataque fueron introducidas al centro penitenciario desde el exterior, lo que ha puesto en evidencia graves fallas en los controles de seguridad del recinto.
El uso de estas armas permitió a las pandilleras superar las defensas del personal penitenciario y llevar a cabo su ataque con una coordinación precisa.
