Hemos ido de alarmas en sobresaltos cada vez que los derivados del crudo experimentan una escalada. Y es comprensible, porque cuando los energéticos se elevan en su cotización, se produce un efecto dominó en el costo de vida, se ejerce presión sobre el deslizamiento de la moneda y se tambalean los indicadores de las finanzas del país.
Es cierto que los hondureños no podemos hacer mucho, nada más seguirle la pista a cómo se comporta el mercado del petróleo, que es volátil, inestable y débil ante las caprichosas decisiones de los productores y exportadores.
Cómo olvidar todas las oportunidades en las que nuestro mercado se ha estremecido por los conflictos geopolíticos y religiosos externos. En esos momentos, como el que vivimos ahora mismo, es que hemos discutido –con más bullicio que certeza– medidas para racionalizar el consumo.
Hace algunos años, los consumidores llegamos a pagar más de cien lempiras por cada galón de carburantes. En este momento, está en vigor un programa de subsidios que traerá grandes consecuencias fiscales, económicas y sociales.
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Hay una realidad inapelable: Este esquema de subvenciones es temporal. Lo importante es analizar las posibles consecuencias sobre la inflación, la tasa de cambio y la estabilidad financiera.
Algo cierto es que quienes han estado al mando del país en distintos períodos, no se han preocupado por construir un plan de contingencias que sea activado cuando sobrevienen las crisis petroleras.
Las respuestas han sido puras reacciones, pero la factura petrolera y el parque vehicular han continuado en crecimiento sin control.
Si algo debemos reprochar, es que las autoridades gubernamentales en la reciente década se han quedado cortas en el abordaje de todos los elementos de la comercialización de los combustibles y de las alzas cíclicas en su precio.
Han buscado soluciones temporales; unas absurdas, otras coyunturales, muchas improvisadas y no pocas desligadas de las exigencias del mercado.
No se ha puesto énfasis en lo esencial. Basta decir que no contamos con una política energética integral, sino lineamientos vinculados con una fórmula poco transparente y confusa aplicada para el cálculo de precios.
Estamos huérfanos de una política energética que esté conectada con el aparato productivo y con los indicadores macroeconómicos para obtener un equilibrio socio-económico.
Mientras no sean corregidos esos baches, seguiremos de un sobresalto a otro y, lo que es peor, a expensas de la especulación en toda la cadena que mueven los derivados del petróleo.
