El Ministerio Público ejecutó este lunes un operativo de aseguramiento de bienes contra un núcleo familiar vinculado a la estructura criminal denominada “Los Pinto”, en el occidente de Honduras.
Según el reporte oficial del MP, las acciones se desarrollaron en los departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque, como parte de una investigación patrimonial relacionada con presuntas actividades ilícitas.
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Entre los bienes asegurados figuran una sociedad mercantil dedicada al rubro de gasolinera, viviendas, una lotificadora de terreno, beneficios de café, fincas, vehículos y productos financieros. Todas las posesiones quedaron a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Además, durante el operativo, las autoridades identificaron seis cuentas bancarias adicionales y un vehículo que no figuraban inicialmente dentro de la medida de aseguramiento.
El Ministerio Público relaciona estos bienes con un hondureño contra quien presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025. Además, el investigado mantiene una alerta roja internacional, según la información proporcionada por las autoridades.
El principal investigado vinculado a “Los Pinto”
De acuerdo con las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el principal investigado mantiene nexos y vínculos comerciales-financieros con Orlando Pinto Espino, considerado uno de los líderes de la estructura criminal “Los Pinto”.
El MP sostiene que el acusado y su núcleo familiar no logran justificar una cifra cercana a los 500 millones de lempiras, por lo que, el caso avanza bajo análisis financiero y patrimonial.
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Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indica que solo el acusado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras en el sistema financiero nacional.
Según ese reporte, las autoridades no conocen el origen de buena parte de esos fondos. En particular, identificaron un vacío de justificación superior a los 418 millones de lempiras.
El Ministerio Público presume, con base en pericias financieras, que los fondos provendrían de actividades ilícitas. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.
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