El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), coordina este jueves la ejecución de ocho allanamientos de morada en el municipio de Piraera, en Lempira, como parte de una operación dirigida a desarticular la organización criminal denominada “Los Mendoza”.

Según las investigaciones, la estructura delictiva se vincula al tráfico de drogas, armas, explosivos y personas, además de presuntas actividades de lavado de activos.

Las autoridades señalan que el grupo opera en los departamentos de Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque, lo que evidencia su alcance regional.

Investigación incluye desapariciones y decomisos de alto impacto

El caso también relaciona a la estructura con la desaparición de varias personas en el municipio de San Antonio, hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2023, donde, según las hipótesis fiscales, habrían asesinado a cinco víctimas.

El objetivo de los allanamientos contra Los Mendoza se centra en recolectar indicios ligados al narcotráfico, armas, municiones, explosivos y trata de personas, así como ejecutar órdenes de captura contra miembros de la red.

Las acciones se desarrollan con el acompañamiento de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, el Comando de Fuerzas Especiales y otras dependencias de la Policía Nacional.

Imagen de cuerpo de nota
Casa en donde ejecutaron allanamientos.

El ente acusador recordó que el 28 de enero de 2026 ya había ejecutado un decomiso contra la misma estructura, incautando cocaína, armas de fuego de uso permitido y prohibido, granadas de fragmentación, municiones de distintos calibres y chalecos antibalas, en operaciones realizadas con orden judicial.

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En el marco legal del caso, las autoridades citan el Artículo 311 del Código Penal sobre tráfico de drogas, que establece:

“Quién promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años… y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos”.

La Fiscalía sostiene que estas acciones buscan debilitar estructuras criminales que generan violencia, controlar economías ilícitas en la zona occidental y llevar a los responsables ante la justicia mediante procesos sustentados en evidencia técnica y judicial.

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