Está de más decir que este expediente es grave, en tanto pone de relieve el proceso de debilitamiento y la podredumbre en que ha estado envuelto el ente que tiene el monopolio de la acción penal y la atribución de luchar contra la impunidad.
Está claro que, en este capítulo de vergüenza, la joven que estaba asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, Cortés, no actuó por su propia cuenta.
Con toda seguridad, personajes oscuros, integrantes de una malla de corrupción y amparados en la impunidad, están detrás de la célebre fiscal que, dicho sea de paso, se daba al quehacer cínico y atrevido de subir a sus redes sociales fotografías y videos en los que mostraba su ostentosa vida financiada con dinero robado.
Así se explica toda la maraña tejida alrededor de la utilización de nada más y nada menos que 63 millones de lempiras que habían sido depositados en la institución que dicta la política cambiaria y monetaria del país, y cuyas autoridades también están en predicado en razón de la sospechosa facilidad con la que se permitió el retiro de dichos fondos.
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Son muchas las interrogantes que se formulan respecto a dicha trama: ¿Quién o quiénes autorizaron esas transacciones bancarias? ¿Por qué no se abrió una investigación sobre los menesteres de la fiscal Francia Medina? ¿De dónde se desprende toda esta historia de bajeza y de irregularidades?
Este episodio de “ignominia” debe ser desentrañado para dejar al descubierto a todos sus protagonistas, tanto en el Ministerio Público, como en los juzgados y en el mismo Banco Central, más allá del desconcierto, indignación y hasta “morbo” que se han generado en diversos sectores del país.
Sabemos que, desde su creación, en el gobierno del desaparecido expresidente, Rafael Leonardo Callejas, el Ministerio Público ha estado en el ojo del huracán.
Ahora mismo, también es objeto de cuestionamientos, dado que quienes están al frente de dicha institución fueron elegidos interinamente por una minoría del Congreso Nacional y en un proceso tortuoso y, por demás, politizado.
En virtud de esto es que no es pertinente la reacción virulenta de funcionarios del Gobierno Central a los señalamientos de sectores domésticos, de representantes de Naciones Unidas y de la propia embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, a la integración de la estructura de la Fiscalía.
Es una prioridad el adecentamiento del Ministerio Público, en aras de traer a esa institución por sus legítimas funciones: perseguir la corrupción, batallar contra la impunidad y desbaratar las redes de la criminalidad en Honduras.
