El Ministerio Público logró un auto de formal procesamiento contra cinco imputados por suponerles responsables de los delitos de abuso sexual y explotación en perjuicio de una menor de edad en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

Las investigaciones revelan un entorno de vulnerabilidad extrema que inició desde la infancia de la víctima.

Según el informe del MP, tras el abandono de su madre, la menor quedó bajo el cuidado de Yajaira Liceth Tábora Medina.

Según el expediente, a los 10 años, Jesús Orlando Núñez Bueso (pareja de Tábora) inició agresiones sexuales reiteradas contra la niña.

Aunque la menor informó a su cuidadora sobre los hechos, no recibió protección alguna. Esta negligencia permitió que los abusos continuaran hasta que, a los 13 años, la expulsaron de la vivienda.

Red de explotación

La pesadilla de la adolescente continuó al trasladarse con Maritza Medina Rosado. Las investigaciones indican que Medina Rosado la sometía a explotación sexual, obligándola a mantener relaciones con diversos hombres en un hotel a cambio de dinero.

Durante este periodo, Santiago Girón Leiva también habría agredido sexualmente a la víctima. Posteriormente, la joven buscó refugio con Cesia Loany Tábora Medina, donde presuntamente persistió la explotación comercial.

Imagen de cuerpo de nota
Ficha del Ministerio Público.

Ministerio Público: Auto de formal procesamiento

En audiencia inicial, el tribunal competente dictó medidas contundentes según la participación de cada implicado:

  • Jesús Orlando Núñez Bueso: Prisión preventiva por violación agravada continuada.
  • Maritza Medina Rosado: Prisión preventiva por explotación sexual de menores agravada.
  • Cesia Loany Tábora Medina: Arresto domiciliario por explotación sexual (debido a su estado de embarazo).
  • Santiago Girón Leiva: Arresto domiciliario por violación continuada, considerando sus 74 años y estado de salud.
  • Yajaira Liceth Tábora Medina: Medidas distintas a la prisión por el delito de omisión de los deberes de impedir el delito.

Este fallo judicial busca resarcir el daño causado a una menor que, durante años, sufrió el abandono del sistema familiar y la crueldad de sus agresores.

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