La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de una mujer que supuestamente fingió su propio secuestro con el fin de obtener miles de dólares de parte de su familia para saldar sus deudas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, sobre esta fémina recaía una orden de captura por el delito de simulación de infracción inexistente, situación por la que puede enfrentar la prisión.

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La policía identificó que la mujer fingió su propio secuestro para obtener dinero y pagar sus deudas.

¿Dónde la localizaron?

La acción estuvo a cargo de agentes asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), y se ejecutó tras labores de vigilancia y seguimiento en el barrio Suyapa de Comayagua, zona central de Honduras.

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A la sospechosa la identificaron como Sindel Nicol Mejía Girón, de 27 años, de oficio ama de casa, y residente en la misma zona donde se desarrolló la operación policial.

Así fingió el secuestro

Según el informe de la UNAS, esta fémina el pasado mes de noviembre del 2025, fingió estar secuestrada. Las investigaciones apuntaron que ella adujo que mientras se trasladaba a su casa de habitación la habían interceptado desconocidos.

Luego, la había llevado a otro lugar solicitario, para posteriormente contactar a su familia exigiendo la suma de 10 mil dólares a cambio de su liberación.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que ella misma planeó toda esta situación, ya que necesitaba el dinero para pagar deudas personales pendientes. La fémina vio como salida exigir el dinero a sus propios parientes.

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La sospechosa deberá de encarar la justicia.

Remisión a los juzgados

Las indagaciones llevaron a que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua emitiera la orden de captura en su contra el pasado 16 de junio del año en curso.

Tras su detención, la remitieron ante los juzgados solicitantes para que se siga con el proceso penal que la ley demanda.

En Honduras, el delito de simulación de infracción inexistente se castiga con prisión de seis meses a un año o con 60 a 90 días de servicios de utilidad pública, cuando una persona denuncia o hace creer falsamente que ocurrió un delito.

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